(Desde Montevideo, Uruguay) – En 2012, Uruguay aprobó una ley que despenalizaba el aborto, con el objetivo de ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y reducir la mortalidad materna asociada a abortos clandestinos. A una década de la reforma legal implementada durante el gobierno de José Mujica, expertos académicos consideran que la normativa ha cumplido su propósito y sugieren realizar cambios, como extender el límite de tiempo en el que se permite la interrupción voluntaria del embarazo.
Según la ley vigente, el aborto no es considerado un delito cuando se cumplen ciertas condiciones y procedimientos, y cuando la interrupción se realiza antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, los casos de riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformaciones incompatibles con la vida después del nacimiento están excluidos de este período.
Verónica Fiol, profesora de la Clínica de Ginecología de la Facultad de Medicina, considera que esta ley fue «innovadora» a nivel regional, pero señala que hay aspectos que podrían mejorarse. En particular, sugiere ampliar el límite de tiempo hasta las 14 semanas, con el fin de incluir a más mujeres. También destaca la necesidad de que la ley abarque a las mujeres migrantes, ya que actualmente se requiere que tengan una residencia en el país de al menos un año, lo que genera desigualdades.
En los últimos 10 años, se han realizado 10 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años en Uruguay, cifra que sitúa al país en una tasa similar a la de otros cuatro países de América Latina y el Caribe con legislaciones similares, según informa Búsqueda. Estos números son comparables a los de países europeos.
«En estos 10 años, hemos cumplido con lo que nos propusimos hace 13 años, cuando comenzamos a impulsar la despenalización del aborto», declara Leonel Briozzo, especialista en Ginecología y ex vice ministro de Salud Pública durante la aprobación de la ley. Desde finales de la década de 1990, los abortos realizados en condiciones de riesgo eran la principal causa de muertes maternas, representando aproximadamente el 30% de los fallecimientos. Sin embargo, entre 2001 y 2012, esa cifra se redujo al 14%, y en la actualidad es del 5%, según un estudio presentado por Briozzo.
El estudio también revela que la práctica del aborto es poco frecuente. Durante las discusiones previas a la aprobación de la ley, se llegó a afirmar que las mujeres en Uruguay se apresurarían a realizarse abortos, pero esto no ha sido el caso. Además, no existen grandes diferencias entre las interrupciones realizadas en el sector público y las realizadas en el sector privado, ni entre las realizadas en Montevideo y las realizadas en el interior del país.
Entre 2013 y 2022, los servicios de interrupción del embarazo brindados por los proveedores de salud en Uruguay atendieron a 101.671 mujeres embarazadas. Solo un pequeño porcentaje de este total (6%) decidió continuar con el embarazo después de las primeras consultas con los profesionales de la salud. El 94% restante pasó a la tercera etapa del proceso, en la que inician las consultas con los ginecólogos después del período de reflexión legal.