Vence el plazo para que políticos opositores pidan revisión de sus inhabilitaciones

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El plazo para que los políticos soliciten al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la revisión de las inhabilitaciones que les impiden competir por cargos públicos llega a su fin este viernes. Entre los afectados se encuentra María Corina Machado, exdiputada y candidata de la principal coalición opositora a las elecciones presidenciales de 2024, quien espera participar a pesar de esta medida.

Desde el 1 de diciembre, fecha en la que se inició el plazo acordado entre el gobierno y la oposición a través de la mesa de negociación, se ha conocido que al menos dos opositores, el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos, han solicitado la revisión de sus casos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sin embargo, todas las miradas están puestas en Machado, quien se ha convertido en la nueva líder de la oposición mayoritaria después de arrasar en las primarias de octubre con más de 2,25 millones de votos a favor de su candidatura a la Presidencia, lo que representa el 92,35% del total.

A pesar de su inhabilitación, que fue extendida hasta 2030 y que data del año 2015, Machado ha insistido en que no ha sido notificada de esta medida y que no hay ningún acto que pueda ser recurrido. Ante la pregunta de si acudirá al Supremo este viernes, Machado reiteró que si no ha sido notificada de ningún procedimiento, difícilmente puede haber un plazo corriendo en su contra.

El 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó sobre un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones. Mientras el gobierno venezolano consideró correcta esta medida, la oposición reunida en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó que la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, el opositor Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial a favor de Machado.

Este anuncio se produjo pocas horas antes de que venciera el plazo establecido por Estados Unidos para que Venezuela tomara medidas respecto a las inhabilitaciones y la liberación de «presos políticos», incluyendo ciudadanos estadounidenses. A cambio, se mantendría el alivio de algunas sanciones impuestas por Estados Unidos tras la firma de un acuerdo electoral entre el chavismo y la oposición.

Con información de Infobae