Venezuela está a punto de perder la propiedad sobre Citgo, una compañía estadounidense de refinación de petróleo y comercialización de gasolina valorada en 13.000 millones de dólares. La empresa fue adquirida por el Estado venezolano en 1990 y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes de su tesoro. Agentes económicos, actores políticos y analistas financieros consideran su pérdida un hecho catastrófico para los venezolanos.
La semana pasada finalizó el plazo de recepción de ofertas para la adquisición de Citgo en una segunda ronda de licitaciones que abrió un tribunal federal estadounidense que lleva el caso. Hace un mes, el juez federal de distrito en Delaware, Leonard Stark, despejó el camino para la recepción de ofertas y denegó los últimos argumentos del Gobierno venezolano. En total, 18 acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas, reclaman a la república 21.300 millones de dólares por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo.
El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pedro Tellechea, ha emitido una declaración en la cual pide al tribunal estadounidense que detenga la subasta, consecuencia de un tortuoso proceso legal al cual se llegó gracias al crónico estado de conflictividad que vive Venezuela. “La subasta la tienen que detener, eso es un bien de la nación. Como venezolano, me siento ofendido con el hecho de que nuestros bienes los están vendiendo sin pedirnos alguna autorización”, ha afirmado Tellechea. “Venezuela no se ha podido defender porque no nos reconocen como un país soberano. Eso es un robo”, agregó.
En Caracas, la prensa oficialista comenta con frecuencia “el despojo imperialista” gestado en contra de uno de los activos más valiosos del tesoro nacional, y usa la circunstancia para atacar a los Estados Unidos y responsabilizar a la oposición venezolana de lo que ocurre. De acuerdo a esta narrativa, la responsabilidad en la pérdida de Citgo la tiene el extinto “Gobierno interino” de Juan Guaidó (2019-2021), en el cual se impugnó la legalidad chavista y los resultados electorales de 2018, y se creó, con ayuda de los Estados Unidos, una administración paralela que tomó el control de los activos nacionales en el exterior, incluyendo Citgo. A partir de ese momento, la voz venezolana sobre los bienes del Estado adquirió dos versiones: la del chavismo y la de la oposición. Las autoridades estadounidenses entablaron relaciones con los últimos.
El juzgado determinó que, en algún momento, la administración de Guaidó usó recursos de la compañía para financiar algunas actividades de carácter extensivo, presumiblemente vinculadas a las actividades políticas de su despacho. La noticia puso a circular más rumores sobre malos manejos en la gestión del Gobierno interino. Esta determinación sobre el proceder de Guaidó fue la gota que derramó el vaso. “Lo que la corte de Delaware dice es que Guaidó incurrió en ‘control extensivo’, con violación de la doctrina del alter-ego. Ese procedimiento lo alerté, genera riesgos legales para la nación”, explica Francisco Rodríguez, economista, autor y profesor que ha estudiado esta causa.
Por un tiempo, en medio de la disputa de la oposición con Maduro, las propiedades venezolanas en los Estados Unidos fueron administradas por funcionarios de Guaidó y estuvieron protegidas por resoluciones especiales del Departamento del Tesoro. Horacio Medina, presidente de PDVSA-ad hoc, niega rotundamente lo concluido por Stark. “Eso es absolutamente falso. El juez se ha dejado llevar por versiones de prensa”. Medina reivindica una gestión en Citgo: “superavitaria, honesta, que fue recibida con hipotecas y tiene 10 trimestres dando beneficios positivos. Ha producido 5 mil millones de dólares en utilidades”.
“La decisión de la Corte de Delaware contiene determinaciones sobre hechos que son a todas luces erradas”, afirma un comunicado de PDVSA-ad hoc en respuesta. “Los activos de PDVSA en Estados Unidos están bloqueados y la junta directiva no tiene acceso a ellos”. Aunque no se habla expresamente de dolo, sí se concluye que la estrategia opositora, con esta falta administrativa de importancia, no logró sus objetivos. Nada pudo detener la percepción de Stark. “Las malas estrategias no son intencionadas, pero causan responsabilidad y tienen impacto público”, afirma Rodríguez.
Expropiaciones y deudas pasan factura
La pérdida de Citgo tiene que ver con el agresivo proceso de estatización de activos adelantado por Hugo Chávez entre los años 2007 y 2012. La oposición también tiene su responsabilidad por no haber podido diseñar una estrategia más articulada para retener la compañía, en parte por sus disputas internas. “De lejos, acá la responsabilidad fundamental es del Gobierno chavista”, afirma Rodríguez, un tradicional crítico del gobierno interino. “Tampoco se puede negar que las sanciones internacionales hacen imposible la reestructuración de la deuda acumulada por la nación. Maduro estaba empezando a pagar a los acreedores.”
En 2008, la empresa minera canadiense Crystallex se querelló con el Estado venezolano una vez que Chávez decidiera nacionalizar el yacimiento de oro Las Cristinas, que estaba siendo operado en el marco de un tratado mutuo de protección de inversiones. Luego de varias victorias judiciales previas, en 2019, Crystallex obtiene la autorización para embargar Citgo en compensación, a causa de las deudas acumuladas a la empresa.
La actitud de Chávez con los capitales internacionales creó varios frentes judiciales y un acumulado de demandas y deudas. En 2016, Maduro había resuelto entregar el 100 por ciento de las acciones de Citgo como garantía para recibir préstamos a la petrolera rusa Rosneft y los accionistas de los denominados Bonos PDVSA 2020, a espaldas de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora.
“En 2017, Venezuela entra en default y declara su insolvencia. Eso complicó más el panorama.” recuerda Alejandro Grisanti, economista y consultor internacional. “Ahora Crystallex fue comprada por un fondo buitre que adquirió ese litigio desde hace un tiempo. Personalmente creo que la estrategia desarrollada en contra de los tenedores de bonos fue demasiado hostil. Se debió negociar con los bonistas”. “Claro que se pudieron hacer mejor las cosas, siempre se pueden hacer mejor. Con más recursos se puede contratar más abogados y tener una estrategia más amplia”, reconoce ahora Horacio Medina. El caso es que por el Gobierno y con la ayuda de la oposición se hace un agujero de miles de millones a las arcas públicas de Venezuela.