La desigualdad territorial se acrecienta, según un estudio, y tiene graves consecuencias sociopolíticas para Venezuela.
Ramón Cardozo Álvarez – DW
«Venezuela está en el continente más desigual del Mundo y, para 2022, es el país más desigual de América”, denuncia la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) elaborada este año por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Este estudio, que se viene realizando desde el 2014, constata este año un nuevo aumento en los niveles de desigualdad en Venezuela. El coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad en los ingresos (donde 1 representa la desigualdad máxima), pasó de 0,57 (2021) a 0,60 (2022). Al dividir en deciles según sus ingresos a la sociedad venezolana, se verificó que el 10% más pobre de los venezolanos recibe en promedio 70 veces menos ingresos que el 10% más rico.
Aumento de la desigualdad territorial
ENCOVI 2022 evidencia además que, junto al crecimiento continuado de ladesigualdad de ingresos entre los distintos estratos de la sociedad venezolana, también se profundizó la desigualdad territorial del país. En Venezuela hoy en día, señala el estudio de la UCAB, «casi el 40% de los hogares con mayores ingresos están en Caracas. Y Caracas solo concentra el 16% de los hogares del país”.
Desde sus primeras encuestas, ENCOVI viene advirtiendo de la poca atención que las autoridades gubernamentales prestan a la creciente diferenciación que se ha venido produciendo entre la calidad de vida de los habitantes del centro del país y los de la periferia, así como entre los del sector urbano y los del rural. A este respecto, en el informe ENCOVI 2016 se señala que «la desigualdad territorial se sigue profundizando”. Asimismo, los investigadores advertían en este informe sobre el poco interés del régimen de Maduro en atacar este problema: «Las zonas menos pobladas, pero donde vive hasta un 20% de la población, deberían ser zonas de especial interés para la política social. Pero, al menos por ahora, ese no es el criterio de la política social actual”.
En el informe de ENCOVI 2017 se ofrece una explicación de por qué ha crecido este tipo desigualdad en Venezuela: «El fenómeno de concentración de las oportunidades en las grandes ciudades y el proceso de concentración administrativa de las políticas públicas en los últimos años ha hecho que el país se haya vuelto más desigual territorialmente. Mientras que en Caracas la pobreza multidimensional es de un tercio de los hogares, en el conjunto de los centros poblados menores a diez mil habitantes, donde habita el 23 % de los venezolanos, la pobreza alcanza a los dos tercios de los hogares. Esta desigualdad, que no solo se profundiza por su mayor incidencia, sino incluso por la severidad de la pobreza, se ve reforzada por unas prácticas de política pública que privilegian precisamente los sectores sociales con más recursos (voz o capacidad de demanda), los que concentran los beneficios de las políticas sociales”.
Los estados fronterizos
El aumento de la desigualdad territorial en el país se refleja de manera más pronunciada en las difíciles condiciones de vida de los habitantes de los seis estados fronterizos venezolanos: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Una rápida revisión de algunos indicadores sociales da cuenta de cómo en estos estados fronterizos las condiciones de vida son peores que las de la media del país, que ya de por si son muy precarias.
De acuerdo con los indicadores sociales INSISO-ENCOVI 2021, más del 60% de los habitantes de los seis estados fronterizos viven bajo la línea de «pobreza extrema” (en Zulia, Bolívar y Amazonas está por encima del 80%). La «tasa de mortalidad infantil” en los seis estados fronterizos se ubica por encima de la media del país. En cuatro de los estados fronterizos (Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), la «inseguridad alimentaria moderada o severa” sobrepasa la media nacional. También en cuatro de los estados fronterizos (Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas) se evidencia una
deserción escolar por encima de la media del país. Por otra parte, cinco estados fronterizos reportan una calidad del servicio inferior a la media del país en relación con el suministro de «agua potable sin interrupciones” (Apure, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro y Amazonas); y cinco también en relación con el suministro de «electricidad sin interrupciones” (Zulia, Táchira, Apure, Delta Amacuro y Amazonas).
Zulia y Táchira son los estados venezolanos que sufren un mayor número de apagones y racionamiento eléctrico de acuerdo con los informes de la ONG «Comité de Afectados por Apagones”.
Caldo de cultivo para la acción delincuencial
La poca atención que el gobierno nacional ha prestado a los estados fronterizos en los últimos veinte años ha traído consigo graves consecuencias sociopolíticas para la nación venezolana. Ello ha generado la protesta militante de las sociedades que se han visto afectadas por este proceder indolente del Estado.
La ONG venezolana FUNDAREDES surgió hace más de 15 años justamente para responder a la necesidad que tienen los habitantes de los estados fronterizos venezolanos de visibilizar los graves problemas que los aquejan de manera específica. La abogada tachirense Clara Ramírez, coordinadora de DD.HH. de esta ONG, señala al respecto: «La mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil que denunciaban lo que ocurría en el país estaban ubicadas en la zona central de Venezuela y, por lo tanto, se les hacía difícil percibir la realidad de los territorios fronterizos, los cuales tienen una dinámica y un contexto muy diferentes al resto del país. Por ejemplo, por años los habitantes de la frontera hemos sido marginados o criminalizados por parte del Estado venezolano. Se nos acusa de ser contrabandistas de gasolina y de alimentos. Por esta razón, se les impuso a los habitantes de estas zonas fronterizas un chip para limitarnos el abastecimiento de gasolina; y cuando se presentó la escasez de alimentos en el país, al Zulia y al Táchira no se enviaron muchos de los productos de primera necesidad que sí se conseguían en Caracas. Denunciar este tipo de discriminación y de injusticia fue una de las motivaciones iniciales que nos llevaron a surgir como ONG”.
Otro problema crítico que impulsó la creación de FUNDAREDES fue la penetración y control de zonas del territorio nacional por parte de grupos armados irregulares colombianos, ante la mirada complaciente del Estado venezolano. A este respecto, la abogada Ramírez señala que «en los estados fronterizos, en especial en zonas de Táchira y Apure, donde la acción del Estado venezolano es totalmente inexistente, grupos armados colombianos comenzaron, en cierta medida, a suplantar sus funciones y la gente empezó a reconocerlos como una autoridad. A partir de ese momento, estos grupos empezaron a introducir en las escuelas el discurso de que la guerrilla era buena porque querían ayudar a los habitantes de la zona y que todo aquel que quisiera sumársele era bienvenido. Monitorear y visibilizar esta grave situación fue una de nuestras primeras tareas”.
En una nota de prensa titulada «Guerrilla aprovecha ausencia del Estado para operar en escuelas de la frontera”, FUNDAREDES reiteró a finales del 2021 su denuncia pública de que en los estados fronterizos venezolanos la precariedad de los planteles y la falta de recursos en las familias habían sido caldo de cultivo para que los grupos irregulares armados ofrezcan insumos, ayudas, y otro tipo de beneficios que el Estado dejó de proveer: «Todo esto forma parte del plan de control de territorios y adoctrinamiento desplegado por estas organizaciones armadas”.
En un informe elaborado en Colombia en agosto de 2022 por las ONG Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se señala que «antes, el ELN y las disidencias de las FARC utilizaban el territorio venezolano como refugio; en la actualidad tienen presencia permanente con acciones sostenidas que amenazan el control territorial del vecino país”.
FUNDAREDES viene advirtiendo, y así lo hizo constar en su informe del 2020, que los grupos armados irregulares que operan en Venezuela se han ido extendiendo a 21 estados del país, y que además estos grupos ya no están en su totalidad conformados por colombianos, sino que buena parte de sus filas está integrada lamentablemente por venezolanos que, bajo los efectos de la emergencia humanitaria compleja, ven como una opción trabajar para la guerrilla. Esto último lo ratifica en su informe de noviembre de este año 2022 respecto a las comunidades indígenas venezolanas: «El recrudecimiento de la violencia en los espacios de frontera durante los últimos años ha generado una vulnerabilidad aún mayor en zonas alejadas de las ciudades. Especialmente afectando a las comunidades indígenas, las cuales han tenido que convivir y muchas veces adentrarse a la dinámica perversa de los delincuentes quienes les reclutan, asesinan y desaparecen”.
Para agravar aún más el problema de la criminalidad en los territorios fronterizos, la inacción del Estado venezolano ha favorecido que durante los últimos años se hayan extendido a estas zonas y sus espacios aledaños las megabandas delincuenciales del centro del país. Esta situación viene configurando un cóctel explosivo de violencia que complica de manera considerable y permanente la ya difícil vida de los habitantes de estos estados.
La acción delincuencial de estos grupos armados irregulares en las zonas fronterizas, las cuales han quedado recogidas en múltiples informes de organizaciones tanto nacionales como internacionales, abarca un amplio espectro que cubre el secuestro, la extorsión, el homicidio, el reclutamiento forzoso, el tráfico de armas, el narcotráfico y, en el caso del estado de Bolívar, la explotación ilegal de minerales preciosos. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia en Venezuela, los estados fronterizos de Bolívar y Delta Amacuro estuvieron en el 2021 entre primeros cuatro estados más violentos del país con tasas de 56,8 y 52,1 de muertes violentas por cada cien mil habitantes, respectivamente. Para el tercer trimestre de este año 2022, FUNDAREDES reportó que en los estados fronterizos se produjeron 166 homicidios, 97 desapariciones y/o secuestros y 31 presuntos enfrentamientos que causaron la muerte de 33 personas.
Todavía es muy pronto para estimar los impactos que eventualmente pudiera tener para Venezuela en general, y para sus estados fronterizos en particular, el recién iniciado diálogo de paz entre el gobierno del presidente Petro de Colombia y los grupos armados irregulares de ese país que no se sometieron al anterior proceso de paz.
No deja de causar profunda preocupación entre los venezolanos, sin embargo, el hecho de que, siendo el régimen de Nicolás Maduro garante de esas conversaciones, se mantenga preso desde hace más de un año y medio, de manera arbitraria y sin juicio, al profesor universitario Javier Tarazona, director de FUNDAREDES, por visibilizar y denunciar la trágica realidad que sufren desde hace años los habitantes de los estados fronterizos de Venezuela. La abogada Ramírez recoge esta inquietud cuando alerta: «Al ofrecerse Maduro como garante en el proceso de paz en Colombia, nosotros nos preguntamos ¿Va a buscar la paz para Colombia? ¿Y qué ocurre con la paz para Venezuela?”