Las relaciones con Guyana se ponen cada vez más tensas. Ante las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y la creación del estado de la Guayana Esequiba, el gobierno de Irfaan Ali acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que examine el impacto de estas medidas que contrarían la ordenanza del 1º de diciembre de la Corte Internacional de Justicia y que pueden constituir una amenaza a la paz y la seguridad de la región.
Aunque se sabe que estas medidas tienen principalmente una importancia política interna – para muchos solo buscan distraer la atención de lo que significó el 22 de octubre-, no podemos desconocer el impacto grave que estas tienen en las relaciones internacionales.
La reacción del Mercosur, de los países del Caricom y del Commonwealth, entre otros, son evidencia de la preocupación que existe.
No se trata de un apoyo a Guyana, sino de una crítica a Venezuela que parece optar por la solución unilateral de la controversia, ignorando el proceso que se desarrolla ante la Corte Internacional de Justicia. Así lo estableció el Acuerdo de Ginebra de 1966, un proceso en el que tenemos que comparecer para llevar nuestros argumentos y responder a los de Guyana, que solicita que se confirme el Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899.
Si Guyana ha logrado apoyos políticos importantes en este caso, Venezuela carece de un sostén público de países amigos del régimen, ni siquiera del ALBA. Gustavo Petro y Lula da Silva, lejos de brindar un apoyo incondicional a Maduro, han manifestado gran preocupación por el conflicto.
“La desgracia más grande para Suramérica es una guerra”, dijo el mandatario de Colombia que llama al diálogo entre las partes. En ese mismo tono habló el presidente de Brasil, quien le recordó a Maduro en una llamada telefónica que Latinoamérica siempre ha sido una región con una larga tradición de diálogo y paz.
Algunos expertos consideran que ese es precisamente el objetivo de esta serie de acciones del régimen: provocar un enfrentamiento bélico con Guyana para decretar un estado de excepción y así suspender las elecciones de 2024.
Sin embargo, no se puede descartar la opinión de quienes apuntan a que el verdadero interés tras toda esta maniobra es forzar una mediación de terceros. Lula planteó que esta tarea podría asumirla Ralph Gonsalves, actual presidente de la Celac y primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Otros afirman que puede ser Díaz-Canel, pues como se sabe Cuba siempre ha sido un aliado de Guyana y algo más de Venezuela.
En todo caso, hay que recuperar la sensatez, como recomendó en su más reciente artículo nuestro columnista Adolfo Salgueiro: “La ruta de confrontación verbal es un camino peligroso, además de ilegal, toda vez que en el derecho internacional está prohibido no solo el uso de la fuerza para resolver los conflictos sino también la amenaza de recurrir a ella”.
Es importante aclarar que así los supuestos 10.431.907 electores, de los cuales no hay ningún registro oficial publicado, hayan dicho sí a la tercera pregunta del referéndum, el proceso no se detendrá y la Corte Internacional de Justicia oportunamente emitirá sentencia, que será firme e inapelable.
Irresponsabilidad e ignorancia la del político que vocifera, palabras más palabras menos, que la CIJ puede agarrar su sentencia y metérsela en el bolsillo. No conviene al país, desde ningún punto de vista, desafiar el orden jurídico mundial.