El Gobierno de Venezuela, a través del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ha emitido más de 4.000 cédulas de identidad en la ciudad de Tumeremo, ubicada cerca de la Guayana Esequiba, un territorio disputado de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela reclama a Guyana. Esta medida forma parte de una jornada especial impulsada por el gobierno chavista para otorgar la nacionalidad venezolana a aquellos que residen en el área en disputa, la cual está bajo el control de Georgetown.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Interior y Justicia, se han emitido un total de 4.015 documentos de identidad durante esta jornada especial, que ha beneficiado a más de 30 sectores del municipio Sifontes, así como a seis instituciones educativas y a las comunidades indígenas de la región. La iniciativa fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro y tiene como objetivo ofrecer a los residentes de esta zona la posibilidad de obtener su cédula de identidad venezolana.
El Saime tiene previsto retomar esta labor el próximo 8 de enero, con el fin de continuar con la renovación de documentos y llevar a cabo la cedulación por primera vez en Tumeremo, una ciudad ubicada en el estado Bolívar y que también limita con Brasil. A través de su cuenta de Instagram, el Saime ha compartido fotografías y videos que muestran la entrega de cédulas de identidad en esta ciudad minera, que provisionalmente se ha convertido en sede de las instituciones de poder creadas unilateralmente por Maduro en su intento de anexar el área en disputa a Venezuela.
La entrega de documentos de identidad a los residentes de esta zona en disputa es una de las acciones propuestas por Venezuela después de que, el pasado 3 de diciembre, la mayoría aprobara en un referendo unilateral la anexión del territorio, lo que generó una alta tensión diplomática en la región. Sin embargo, el 14 de diciembre, Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, acordaron, durante una reunión en San Vicente y las Granadinas, evitar amenazas y incidentes en la zona para reducir la tensión, mientras la controversia se mantiene en la Corte Internacional de Justicia, un hecho que el gobierno venezolano rechaza.