María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición, aún no ha confirmado si presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para impugnar su inhabilitación. Sin embargo, miembros de la oposición están a la espera de su decisión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición acordaron llevar a cabo procedimientos para revisar las inhabilitaciones de cargos públicos. Freddy Superlano, un líder opositor que también está inhabilitado, esperará la decisión de María Corina Machado antes de tomar medidas.
La semana pasada, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, reveló un procedimiento acordado por ambas partes para revisar las inhabilitaciones. Esto ocurrió justo antes de que la administración de Joe Biden estableciera un plazo para que el gobierno venezolano definiera un proceso de «readmisión de todos los candidatos».
Según el mecanismo acordado, del 1 al 15 de diciembre, cualquier persona inhabilitada podrá presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual decidirá sobre la admisión de la demanda y la solicitud de amparo cautelar.
Tanto María Corina Machado como otros líderes de la oposición tienen inhabilitaciones administrativas emitidas por la Contraloría General de la República, las cuales son consideradas «ilegales». Estas inhabilitaciones les impedirían formalizar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.
Freddy Superlano, quien ganó la gobernación del estado Barinas en 2021 pero resultó inhabilitado después del proceso electoral, anunció que esperará la decisión de Machado antes de tomar cualquier acción. Si Machado decide no presentar un recurso, Superlano tampoco lo hará.
Aunque Machado no ha hecho referencia directa al procedimiento, en el día en que fue anunciado afirmó que no se distraerá ni caerá en trampas.
El mecanismo de revisión de inhabilitaciones es considerado una «trampa» especialmente diseñada para Machado, ya que al acudir al Tribunal Supremo de Justicia estaría reconociendo una inhabilitación administrativa que ella considera «ilegal» y de la cual no ha sido notificada oficialmente.
Henrique Capriles, otro candidato presidencial inhabilitado, recordó que aún no ha recibido respuesta del Tribunal Supremo de Justicia después de impugnar su inhabilitación en 2017. Él instó a todos aquellos que han sido inhabilitados ilegalmente a acudir al tribunal para ejercer su derecho.
Diversos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son arbitrarias y que el gobierno las utiliza para sacar del juego a opositores o a chavistas disidentes que aspiran a cargos de elección popular.
Estados Unidos ha cuestionado la falta de avances en la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos que considera detenidos injustamente en Venezuela. Además, han reiterado su disposición a «pausar» el alivio de sanciones si no se cumplen los compromisos acordados.
Después de la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que permiten temporalmente algunas transacciones relacionadas con la industria petrolera. Sin embargo, advirtieron que revertirán estas medidas si no se cumplen los compromisos establecidos.
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Para un ojo inexperto no hacerlo sería un suicidio político, pero esta decisión más que complicada es extrema porque entre las condiciones están aceptar la decisión tomada y todo el mundo esta consiente que el tribunal supremo de justicia venezolano es un apéndice del Gobierno de maduro. María Corina Machado es la única que por votos podría sacar a maduro del poder y maburro lo sabe por lo que para el sería un suicidio tenerla de rival en unas elecciones. Hagan sus apuestas.
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