Venezuela «limpia» su Amazonía de minería ilegal

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Con firmeza militar, Venezuela continúa su esfuerzo por expulsar a los mineros ilegales de la Amazonía, una misión encomendada por el presidente Nicolás Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de «limpiar» esta zona, donde la degradación ambiental es evidente después de años de explotación.

El plan de la revolución bolivariana prevé una serie de desalojos masivos de los extractivistas en la porción amazónica de Venezuela, que limita con Brasil y Colombia. En julio pasado, se desalojaron aproximadamente 8.000 personas, pero quedan otras 2.000 que, según el Gobierno, todavía operan en esta selva.

Aunque los informes militares solo hablan del «éxito» de estas evacuaciones, algunas autoridades gubernamentales y varias organizaciones no gubernamentales han proporcionado datos sobre el impacto ambiental y la tensión involucrada en despojar a miles de personas de su medio de subsistencia, a veces vinculado a bandas criminales.

El desalojo se inició el 1 de julio, una semana antes de que los ministros de Medio Ambiente de los ocho países amazónicos se reunieran en Colombia. Venezuela comenzó a desalojar a cientos de personas que habían estado viviendo de la minería ilegal, principalmente en el parque nacional Yapacana, habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas.

El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, asegura que estos desalojos son «voluntarios», aunque las imágenes que él mismo comparte en las redes sociales muestran a decenas de militares llevando a los residentes en embarcaciones, armados con fusiles.

A pesar de los numerosos informes sobre el progreso de las operaciones, el gobierno no ha explicado el destino de los desplazados, por lo que se desconoce si enfrentarán algún proceso penal o qué les sucedió una vez que los militares dejaron de escoltarlos.

Una organización humanitaria que opera en la zona aseguró a EFE que las autoridades rechazaron su oferta de asistencia, argumentando que los mineros evacuados, incluidos niños, «tienen sus necesidades cubiertas» y «no necesitan ayuda».

La organización no gubernamental Fundaredes aseguró que persisten irregularidades en estas operaciones, incluyendo «desapariciones forzadas» aunque sea por algunas horas.

«Siempre hemos encontrado arbitrariedades por parte de los funcionarios hacia estas personas. No se respeta su integridad física», explicó la ONG, que insiste en denunciar la complicidad entre algunos militares y grupos irregulares para cometer abusos en la zona.

El Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) anunció recientemente un plan de reforestación para las áreas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio, que ha causado la degradación de la calidad del suelo y del agua.

Sin embargo, el ministerio dejó claro que no se plantarán árboles hasta que se complete el plan de evacuaciones.

Mientras tanto, la ONG SOS Orinoco considera que las operaciones militares en la Amazonía venezolana son un «espectáculo mediático», ya que, según imágenes satelitales, la deforestación causada por la minería de oro continúa avanzando, incluso durante los meses de abril y julio, cuando la presencia militar se intensificó.

En las redes sociales, esta organización ha publicado videos que muestran enfrentamientos entre miembros de la FANB y comunidades indígenas que se niegan a abandonar las cercanías de las minas, así como evidencia de la continua extracción minera en suelos y ríos.

A las ONG y a los actores humanitarios que trabajan en los estados de Amazonas y Bolívar les preocupa, entre otras cosas, la posibilidad de abusos durante los desalojos o que las personas desplazadas no tengan recursos para sobrevivir después de años viviendo de la minería ilegal.

Por su parte, el Gobierno, que asegura estar comprometido con la restauración de la Amazonía, continúa su cruzada contra aquellos que actúan al margen de la ley, sin rendir cuentas sobre el Arco Minero del Orinoco, un programa de explotación de minerales que ha generado ganancias pero que, según los ambientalistas, causa un daño significativo al territorio.