Según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project, Venezuela ocupa el último lugar en el ranking mundial de justicia por noveno año consecutivo. El país se encuentra detrás de Camboya, Afganistán, Haití, República del Congo, Nicaragua, Egipto, Myanmar y Camerún.
Por otro lado, los países con mejor calificación en el ranking son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Estonia e Irlanda.
La organización evalúa varios factores para elaborar el ranking, como las restricciones a los poderes gubernamentales, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal.
En cuanto a los factores individuales, Venezuela ocupa lugares bajos en restricciones a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Acceso a la Justicia señaló que el sistema de administración de justicia penal venezolano ha obtenido una baja puntuación por tres años consecutivos, lo que indica que las reformas implementadas por las autoridades no han tenido resultados efectivos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo.
La organización también mencionó que los jueces civiles de Venezuela también obtuvieron una baja calificación, aunque no la peor. En comparación con el informe anterior, perdieron una décima en su puntuación.
En contraste, los finlandeses, daneses y singapurenses disfrutan de la mejor justicia penal, mientras que los neerlandeses y noruegos tienen los mejores jueces civiles.
En América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile son los países que comparten los primeros lugares en las categorías mencionadas anteriormente.
Estos resultados son preocupantes, ya que indican que 1.500 millones de personas en todo el mundo no encuentran amparo a sus derechos ni respuestas a sus problemas en los tribunales. Entre ellos se encuentran los 30 millones de venezolanos.
Acceso a la Justicia también afirmó que las medidas adoptadas por las autoridades venezolanas en los últimos años para mejorar el sistema de justicia no han dado resultados tangibles y concretos, siendo más bien gestos simbólicos.