El miércoles, Venezuela hizo una declaración ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal máximo de la ONU, afirmando que nada puede impedirles llevar a cabo un referéndum sobre una disputada región rica en petróleo administrada por Guyana, y reiteró que no reconocen la jurisdicción de este tribunal en esta cuestión.
Ambos países se enfrentan por una región anglófona de 160,000 km2 conocida como el Esequibo o Guayana Esequiba, que es rica en minerales y petróleo. Actualmente, el área está bajo la administración de Guyana.
Guyana presentó un recurso «urgente» ante la CIJ para detener el referéndum en Venezuela, programado para el 3 de diciembre, sobre la anexión de la región del Esequibo.
Caracas anunció esta consulta para determinar si sus ciudadanos apoyan la creación de un nuevo estado llamado «Guayana Esequiba» en la zona y otorgar la nacionalidad venezolana a sus habitantes, algo que Guyana denuncia como «expansionismo».
La disputa existe desde antes de la independencia de Guyana en 1966, pero las tensiones han aumentado en los últimos años después del descubrimiento de importantes yacimientos en la zona.
Guyana tiene reservas de crudo de aproximadamente 10,000 millones de barriles, una cantidad que supera a países como Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos.
La región del Esequibo, administrada por Guyana, representa más de dos tercios de su territorio y alberga a 125,000 de sus 800,000 ciudadanos.
«Venezuela reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana para interferir en sus asuntos internos», dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la corte el miércoles, calificando la acción de Guyana como «colonialismo judicial burdo e infantil».
«Nada impedirá que se celebre el referéndum programado para el 3 de diciembre», agregó.
La disputa por el Esequibo se remonta a 1899, cuando un tribunal de arbitraje estableció la frontera entre Venezuela y Guyana, una ex colonia del Reino Unido y los Países Bajos.
La consulta organizada por Caracas aborda la pregunta de si el pueblo venezolano debe rechazar el acuerdo de 1899 que defiende Guyana y que Venezuela sostiene que fue «impuesto fraudulentamente».
En la papeleta también se plantea si Venezuela debe seguir rechazando la jurisdicción de la CIJ en esta disputa.
«Deseo comenzar enfatizando que nuestra participación en esta audiencia de ninguna manera implica el reconocimiento de la jurisdicción de este honorable tribunal», dijo Rodríguez en sus comentarios iniciales el miércoles.
«Todo este comportamiento aborrecible e ilegal ha mostrado el verdadero rostro de Guyana, un Estado agresor, depredador de los recursos naturales y violador del derecho internacional, de ninguna manera una víctima», añadió.
Guyana sostiene que la votación allana el camino para que Venezuela se apodere «unilateral e ilegalmente» del territorio, lo que implicaría un «daño irreparable».
También asegura que Venezuela ya está preparando a sus fuerzas armadas para anexar la región, algo que el gobierno de Caracas niega.
«No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para Guyana», declaró el martes Carl Greenidge, un exministro guyanés que representa al país sudamericano ante la CIJ, con sede en La Haya.
La disputa se ha intensificado desde que ExxonMobil descubrió petróleo en Esequibo en 2015. El mes pasado se realizó un nuevo descubrimiento «significativo» de petróleo en la región, que se suma a las ya enormes reservas de Guyana.
La CIJ resuelve disputas entre Estados y sus decisiones son vinculantes, pero no tienen ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento.