Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), más de 6 millones de personas han salido de Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Esta es, según el organismo de la ONU para los refugiados, ACNUR, la «segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo”. Nicolás Maduro, por su parte, ha acusado a ACNUR de parcialidad ideológica y de publicar cifras falsas, por presión de los Estados Unidos , para atacar a la revolución bolivariana. Para el cuestionado gobernante, esas cifras son «estúpidas”, ya que el número de migrantes no supera los 800.000, y muchos de ellos ya estarían retornando a Venezuela a raíz de la recuperación económica que, afirma, el país viene experimentando en los últimos meses. Aseveraciones rechazadas por voceros de la oposición venezolana, para quienes tal recuperación es un espejismo y, lejos de haberse detenido, la emigración va en aumento.
Ramón Cardozo Álvarez – DW
Este choque de apreciaciones sobre la realidad del éxodo o de la crisis económica en Venezuela aparece también cuando se debaten otros grandes problemas públicos que aquejan a los venezolanos: la pobreza, la inseguridad, las epidemias o la precariedad de los servicios públicos. Como punto de partida de estas marcadas discrepancias en las estimaciones sobre la situación real del país, se señala a la creciente escasez de datos oficiales fidedignos, lo cual está estrechamente ligado con la opacidad y la debilidad institucional del Estado venezolano.
Marino González, médico experto en políticas públicas e investigador de la Universidad Simón Bolívar (USB), sostiene que Venezuela hoy en día es uno de los países donde hay mayores restricciones institucionales para la obtención de datos. Según el profesor González, durante los últimos veinte años, la capacidad del Estado venezolano para recolectar, generar y analizar datos sobre la realidad social, económica y política se ha venido deteriorando de forma sostenida y pronunciada. Desde 2014, por ejemplo, el Estado no suministra datos sobre la mortalidad en el país, y desde el 2016 no ofrece información oficial sobre las «enfermedades notificables”, el tipo de enfermedades que, como la malaria o la tuberculosis, deben ser reportadas de forma inmediata y obligatoria por razones de salud pública. Otro ejemplo reciente lo constituye el hecho de que, junto con Nicaragua, Haití y Honduras, Venezuela es uno de los cuatro países de América Latina que durante la pandemia del COVID-19 no ha reportado cifras sobre la realización de pruebas diagnósticas.
La escasez de información oficial confiable no se reduce al ámbito socio económico. Elsa Cardozo, reconocida internacionalista e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en su estudio «Fondos y trasfondos de la petrodiplomacia”, denuncia cómo, desde la llegada de Chávez a la Presidencia, los venezolanos «no contamos con información oficial confiable acerca de cuáles son, qué alcances tienen y cómo se han modificado los compromisos internacionales suscritos por el gobierno en nombre del país”. Para 2015, fecha de aparición del estudio, ya se habían suscrito más de 400 convenios con China, 300 con Irán, 200 con Rusia y una cantidad indeterminada, pero muy elevada, con Cuba. Según Cardozo, por el hermetismo y la opacidad del gobierno al respecto, se desconoce el alcance real de este conjunto de acuerdos que afectan en gran escala las finanzas, la energía, el comercio y la seguridad de Venezuela.
Un paliativo parcial y riesgoso
El venezolano percibe que el sueldo no le alcanza, pero no tiene certeza acerca de las cifras reales de la inflación; el venezolano siente la inseguridad en las calles, pero desconoce el grado de la criminalidad en el país; el venezolano ve cómo la educación de sus hijos falla, pero no tiene información sobre la calidad de esa educación. El venezolano sufre por falta de agua y de electricidad, pero no conoce a ciencia cierta por qué ni hasta dónde llega el corte del servicio.
Estas graves deficiencias en la información, necesaria para que el ciudadano pueda afrontar su día a día, han sido aliviadas, en parte, gracias a la labor de múltiples organizaciones civiles venezolanas que han asumido el difícil reto de llenar el vacío informativo.
Algunas de estas iniciativas son: ENCOVI-UCAB (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida), Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores-CENDA (estadísticas socio laborales) y Observatorio Venezolano de Finanzas (estadísticas económicas y sociales). Estas organizaciones se dedican a todo lo que tiene que ver con servicios público:Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, gas doméstico y aseo urbano); Comité de Afectados por Apagones (servicio eléctrico),Observatorio venezolano educativo (Educación), «Monitor Ciudad” (abastecimiento de agua). En cuanto a la salud: Médicos Unidos por Venezuela y Observatorio Venezolano de la Salud. Además, Transparencia Venezuela, dedicada a observar el manejo de los recursos públicos; PROVEA , que trabaja en pro de los derechos económicos, sociales y culturales; Foro Penal, cuya labor se centra en los derechos humanos y en denunciar la represión estatal. FUNDAREDES se enfoca en los derechos humanos en las zonas fronterizas, y el Observatorio Venezolano de Justicia, en la administración de justicia y el Estado de derecho. Para monitorear la inseguridad ciudadana y la violencia: Observatorio Venezolano de Violencia, Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano (Fuerzas Armadas y seguridad y defensa).
Una lectura rápida de este listado parcial pone en evidencia la amplitud de los problemas públicos respecto de los cuales la ciudadanía percibe una carencia de información confiable. El gobierno venezolano no está a gusto con este monitoreo contralor por parte de la sociedad civil. Además de rechazar la fiabilidad de los datos recabados, el régimen de Maduro ejerce fuerte presión para que no prosigan en estas labores. De aquí que su realización conlleve riesgos importantes para la seguridad personal. Un caso emblemático, entre otros, es el de Javier Tarazona, director de FUNDAREDES, que vigila la violencia y la criminalidad en los estados fronterizos venezolanos. A consecuencia de sus denuncias, Tarazona se encuentra detenido en forma arbitraria desde julio de 2021, acusado de «traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”.
Por otra parte, la tarea de recabar y procesar la información exige muchos recursos humanos y financieros. Por ello, las oenegés se ven obligadas acudir a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. Y a este talón de Aquiles ha apuntado el régimen para impedir que se lo controle. A través de la Providencia Administrativa No. 001-20219 (Publicada en la Gaceta Oficial número 42098 con fecha de 30 de marzo de 2021), se ha establecido la obligatoriedad para las asociaciones civiles de suministrar al gobierno todas las actas constitutivas y de asambleas, la lista de sus miembros y de su personal, de sus donantes, sus movimientos financieros, así como la lista de todos sus beneficiarios y la de otras organizaciones con las que trabajen, «bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros”. Esta medida ha sido rechazada por más de 700 organizaciones civiles venezolanas y fue criticada internacionalmente como un grave intento de criminalizar el libre ejercicio de la participación ciudadana.
No siempre ha sido así
La actual opacidad y precariedad de los sistemas de información gubernamental venezolanos contrasta enormemente, a juicio de González, con el desarrollo y la importancia que durante el pasado siglo XX llegaron a alcanzar estos sistemas en el país. En 1960, por ejemplo, Venezuela era reconocida como uno de los países en desarrollo que contaba con los mejores sistemas de estadísticas vitales. En 1958, inaugurándose la democracia en el país, Venezuela era uno de los primeros países de América Latina en contar con una Oficina Central de Coordinación y Planificación pública (CORDIPLAN). En 1967, también uno de los países pioneros de la región en implementar, durante los periodos intercensales, las llamadas «Encuestas de Hogares”, fuente invalorable de datos para la generación de indicadores sobre la evolución del mercado laboral y las condiciones socioeconómicas de la población. En 1977, con miras a optimizar el sistema de información de datos públicos, se creó la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), la cual integró todos los organismos públicos que generaban y procesaban información estadística en el país. Tanto a CORDIPLAN como a la OCEI se les dio el estatus de «órganos auxiliares del Presidente de la República y del Consejo de Ministros”, remarcando así su importancia para la toma decisiones del Alto Gobierno.
A partir de 1999, la fiabilidad de los sistemas de información gubernamental se fue perdiendo. Marino González lo atribuye al hecho de que la gran mayoría de las políticas públicas de los gobiernos de Chávez y Maduro no han tenido de forma explícita la consideración de los problemas que afectan a las personas, y las mediciones de esos problemas en sus distintas expresiones. La prioridad de esos gobiernos han sido los objetivos políticos vinculados al mantenimiento del régimen. Esto se comenzó a evidenciar, sobre todo, en el área social, donde fueron desapareciendo los indicadores relativos a la salud, la nutrición y a la educación. Así, durante el primer gobierno de Chávez se suspendió un proyecto con el Banco Mundial para medir la calidad de la enseñanza en las escuelas primarias del país. «Si bien los gobiernos necesitan datos para tomar decisiones mejor informadas, los mismos datos pueden ser utilizados como una herramienta para pedir cuentas a los gobernantes y así reducir su discrecionalidad”, sostiene el estudio «¿A quién le importa saber?”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero precisamente una característica muy visible de Chávez era su acentuada discrecionalidad en el ejercicio del gobierno.
Esta falta de vínculo entre la generación de datos y su utilización por parte de los decisores públicos llevó de manera progresiva al debilitamiento, desintegración y eventual desaparición de los equipos humanos que, dentro del Estado venezolano, realizaban esa labor de recolección, sistematización y análisis de datos. Tomará mucho tiempo reestablecer la calidad de los sistemas de información en el país. Son tareas muy complejas desde el punto de vista de la tecnología, el nivel técnico y la experticia de los recursos humanos involucrados.
Consecuencias para la toma de decisiones y la previsión
Hay una relación directa entre la calidad de la información de la cual dispone un gobernante y la calidad de sus políticas públicas. «La capacidad estadística de los países está muy relacionada con la posibilidad de tomar decisiones de política sustentadas en evidencia y con la gestión pública basada en resultados”, sostiene el ya referido estudio del BID. Marino González estima que, actualmente, Venezuela debe tener uno de los niveles de incertidumbre más altos del mundo en la toma de decisiones públicas. Para González, eso explica en buena medida la crisis que vive el país.
La pandemia del COVID-19 y la trágica decisión de Putin de invadir a Ucrania han hecho entrar al mundo en tiempos de mucha incertidumbre e inestabilidad económica y política. La mayoría de los gobiernos ya toman las previsiones necesarias para que sus respectivos países puedan atravesar esta tormenta de la mejor manera posible. Venezuela también debería prepararse. Para ello sería ineludible quitar el velo que ha caracterizado a la gestión pública venezolana durante los últimos veinte años. El Estado venezolano está en la obligación de informar a sus ciudadanos, de manera veraz y objetiva, sobre la verdadera situación del país: acerca del panorama real de sus finanzas públicas, de su industria petrolera, de la deuda pública, del alcance de los compromisos suscritos con China, Rusia, Irán y Cuba. Es necesario que se provean datos ciertos sobre la evolución de las distintas epidemias que han reaparecido, de las principales causas de mortalidad del venezolano, de la situación real de los servicios públicos: salud, educación, seguridad, agua y electricidad, y sobre los ecosistemas más vulnerables. Los venezolanos requieren conocer a ciencia cierta en qué condiciones reales se encuentra el país para poder acordar los correctivos y previsiones necesarias que le permitan al país afrontar los tiempos complicados que se avecinan.
Ramón Cardozo Álvarez es un abogado venezolano, magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar de Caracas), y en Estudios Políticos Aplicados (Fundación Internacional e Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas FIIAP-Madrid). Además, es profesor en la Universidad Monteávila y en la Universidad Metropolitana, de Caracas. Fue viceministro de Relaciones Interiores (1997-1998) y secretario del Consejo de Ministros de la República de Venezuela (1994-1997).