El 2 de agosto de 2018 era un día como cualquier otro para la comunidad de Yoga Libre Venezuela. A la casa de su fundadora, Ligia Pérez Córdova, quien tiene 15 años dedicada a la instrucción de esa disciplina, estaban llegando niños y personas de la comunidad para iniciar la clase del día, todos se preparaban para una jornada de ejercicios y relajación cuando sorpresivamente llegó una comisión antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana a ejecutar un allanamiento sin orden judicial.
Esta mujer, abogado de profesión, de 68 años de edad, acostumbraba a recibir por encomienda paquetes con alimentos y medicinas desde Maracaibo de parte de un allegado. Aunque en esos días no estaba esperando un envío, desde Zulia le llegó la alerta a la GNB en Caracas de que en una oficina de un MRW en Maracaibo habían puesto un paquete con marihuana con destino a la dirección de Pérez Córdova en Los Chorros, Caracas. Aunque el envío fue incautado en el lugar de origen, igual se ordenaron las averiguaciones.
Se realizó el allanamiento en la casa, no hallaron nada que diera indicios de que la mujer estuviese vinculada con alguna actividad de drogas, de ese procedimiento no salieron pruebas en su contra. Igual fue detenida en el momento, no permitieron que nadie la acompañara ni que avisara a sus familiares, pues ella vivía sola.
“Empezamos a buscarla, no sabíamos dónde estaba porque ellos no lo informaron a quienes estaban con ella en el momento, hasta que supimos que se encontraba en el Comando Antidrogas que queda hacia la avenida Victoria. Familiares y amigas muy allegadas a ella trataron de ir a ver cómo estaba su situación, pero nunca pudieron tener acceso. De repente nos avisan que la mandaron para el Comando Antidrogas del Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo. Desde ahí ha sido su calvario”, relata su hermana Moreila Pérez Córdova.
De estos hechos han transcurrido dos años. Aún está a la espera de juicio. ”Desde que se la llevaron pasó más de un año hasta que le realizaron la audiencia preliminar, ¿por qué pasó tanto tiempo? Todos sabemos la situación de Maracaibo, unas veces decían que si no había luz en los tribunales o que no había cómo trasladarla del Comando, otras veces por razones de los funcionarios que deben participar en las audiencias que no se presentaban, entonces la regresaban al comando… Todas esas cosas pasaron”.
La detenida no tiene ningún familiar en Zulia, ni siquiera allegados o conocidos que la visiten. Son más de 700 kilómetros de distancia de Caracas. Además, el Destacamento 111 de la GNB, ubicado en el Aeropuerto de La Chinita, donde está recluida, queda lejos de la ciudad y en un espacio bastante distante de las terminales aéreas, para llegar hay que tomar taxi o ir en carro particular. Para hacerle llegar alimentos y algunas medicinas la familia contactó a una mujer que estuvo presa y salió en libertad, ella y su esposo reciben dinero para ayudarla en la medida de las posibilidades. “Hubo un tiempo en que dos amigas de ella viajaban de Caracas hasta allá en autobús, eso fue hasta noviembre de 2019 porque después empezaron los problemas de transporte. Fueron como cuatro o cinco veces, iban con todo lo que podíamos recoger entre su familia, amigos y el grupo de yoga que hacían donaciones, hasta que llegó el momento en que no pudieron ir más”, explica su hermana.
Como Ligia Pérez es abogado intentó asumir su propia defensa, se llenó de indignación al ver incongruencias en el expediente. Pero su deteriorado estado de salud en prisión le ha impedido dedicarse íntegramente a ello, renunció a abogados privados que la familia contrató inicialmente con muchos esfuerzos y pocos resultados, y que ya no pueden pagar, así que se le asignó una defensora pública. Tras la audiencia preliminar –más de un año después de la detención– el caso fue remitido a un tribunal de juicio, pero no ha habido más audiencias.
“Después vinieron las vacaciones de los tribunales en diciembre y se suponía que en febrero reanudarían a funciones, pero antes del caso de ella, pues el juez de tribunal de juicio tiene muchos casos por delante, entonces había que esperar; luego se presentó el problema de la pandemia”, dice la hermana.
Ligia Pérez tiene varias enfermedades, un glaucoma por el cual está prácticamente ciega de un ojo y problemas inmunológicos como secuela de haber sufrido dengue y chikungunya por lo cual estuvo hospitalizada largo tiempo en el Hospital Clínico Universitario. Médicos forenses le han realizado evaluaciones y sugerido que debe permanecer en un ambiente higiénico, sin hacinamiento por el riesgo de perder uno de los ojos que ya presenta excavación y desprendimiento posterior. Por este motivo y por tratarse de una detenida de casi 70 años de edad, la defensora pública trigésima sexta penal ordinario, Lucy Blanco, ha solicitado en dos oportunidades –la última en julio– la revisión de la medida privativa de libertad por una medida cautelar sustitutiva con cambio de sitio de reclusión a una residencia en la misma ciudad de Maracaibo, bajo la vigilancia de funcionarios o con rondas de patrulla, o con las condiciones que considere el tribunal, amparándose en el derecho a la salud y a la vida, pero ambas solitudes han sido negadas. Eso motivó a la detenida a declararse en huelga de hambre por unas semanas, pero la suspendió al ver que no surtía ningún efecto y se deterioraba aún más su débil estado de salud.
Pérez Córdova está recluida en una celda 6×6 que comparte con otras 64 privadas de libertad, hay una ventanilla de 1×1, de acuerdo con información de la ONG Una Ventana a la Libertad, organización no gubernamental dedicada a los derechos de las personas privadas de libertad en Venezuela, la cual ha documentado y hecho seguimiento al caso, y aportó información para este relato. “Ella está en un sitio de reclusión muy pequeño con demasiada detenidas, duermen en el piso, tienen un solo baño para compartir, las condiciones son insalubres”, relata su hermana. “A mi hermana le han vulnerado todos su derechos. Ella es inocente, no sabía que le iban mandar ese paquete, que además ni siquiera recibió. Ella está muy mal, no sólo tiene sus patologías físicas, sino que psicológica, emocional y mentalmente no está nada bien. A veces temo que intente suicidar, porque lo ha dicho, no aguanta más. Hay mucha gente que la quiere que está sufriendo por ella, pero nos sentimos con las manos atadas. No podemos hacer nada, dependemos de la decisión del juez y va pasando el tiempo. Temo no volver a verla con vida”, dice entre lágrimas su hermana Moreila.