¡CUBRIENDO LA RETAGUARDIA! Reforma de ley deja al TSJ de Maduro con menos autonomía y sometido a la írrita AN del PSUV

@DolarToday / Feb 3, 2022 @ 7:00 am

¡CUBRIENDO LA RETAGUARDIA! Reforma de ley deja al TSJ de Maduro con menos autonomía y sometido a la írrita AN del PSUV

Por unanimidad y tan sólo sometiéndola a un mes de discusión en la Asamblea Nacional (AN) controlada por el PSUV, fue aprobada la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 18 de enero, donde fueron modificados 10 artículos. El más resaltante es el artículo 8, que establece que el Poder Judicial pasará de tener 32 a 20 magistrados. Para juristas, esta nueva ley no resuelve los problemas de fondo, como el retardo procesal, la violación de derechos humanos y la alta corrupción que existe en el sistema de justicia venezolano. Su único interés es político, donde el control del Poder Judicial ahora será repartido entre el Ejecutivo Nacional y el Legislativo.

Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA

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De las seis salas que tiene el máximo tribunal, la Sala Constitucional estará conformada a partir de ahora por cinco magistrados, y las demás: Sala de Casación Civil, Sala Penal, Sala de Casación Social, Sala Político-Administrativa y Sala Electoral, por tres magistrados cada una.

“¿Por qué es tan importante reducir el número de magistrados para el chavismo? Bueno, la explicación es política, Nicolás Maduro ha dicho que en algún momento de este año iba a reanudar las negociaciones en México. El tema que quedó pendiente en esas conversaciones es el Poder Judicial. Había trascendido a los medios de comunicación social que podría haber una cuota o un reparto de cargos para la oposición, como ocurrió con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene dos rectores opositores y tres del PSUV. Pero claro, no es lo mismo repartir el poder del TSJ sobre 32 que hacerlo sobre 20, y ahí es donde está la jugada”, opina Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.

Afirma que el oficialismo redujo el número de magistrados previendo la posibilidad que áreas sensibles del TSJ queden bajo la responsabilidad de magistrados opositores o independientes, como algún órgano que controle la dirección ejecutiva de la magistratura que lo supervise. “Lo que se quiere es evitar que la oposición tenga algo que ver con el gobierno del Poder Judicial”, resaltó.

Otro cambio fundamental se hizo en el artículo 65, sobre cómo está conformado el Comité de Postulaciones Judiciales. Según el artículo 270 de la Constitución, este comité debe ser integrado sólo por representantes de la sociedad civil. La ley del TSJ del año 2010, vigente hasta el 19 de enero de 2021, indicaba que este comité se conformaba con seis representantes de la sociedad civil y cinco diputados contrariando la carta magna. Pero ahora la reforma también viola la Constitución, al establecer que el comité lo conformarán 11 diputados y 10 de la sociedad civil.

Quien coordina ese comité es el diputado del PSUV, Giuseppe Alessandrello, el mismo que presidió el Comité de Postulaciones Electorales, que escogió a los rectores del CNE en abril de 2021. Alí Daniels indicó, además, que hasta ahora se desconoce quiénes serán las personas de la sociedad civil que conformen ese comité, así como nunca se hizo público con quiénes consultaron esta reforma para aprobarla tan rápido.

“En Venezolana de Televisión informaron para sorpresa de todos, que el Parlamento había hecho la consulta pública de esta ley, pero no consultando a colegios profesionales ni rectores de universidades ni decanos. Sólo consultaron a la Fiscalía General, a la Defensoría Pública, y a ocho rectores de universidades que nos imaginamos deben ser bolivarianas y no autónomas”, soltó.

Indicó que hay un tercer cambio que tiene que ver con supresión de competencias del TSJ, al reformar los artículos 81 y 83. “Se evidencia una especie de ajustes de cuenta con el propio chavismo. Resulta que el Comité de Postulaciones estaba limitado a escoger a los magistrados, pero ahora se le agregaron dos competencias adicionales, que es la de procesar las postulaciones para el Inspector de Tribunales y para el director de la Escuela de la Magistratura. Es decir, que esos órganos que antes se nombraba directamente en su autonomía el Poder Judicial, ahora pasan a ser controlados por la AN”, manifestó.

Para la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia Venezuela, Cecilia Sosa, esta medida es el sometimiento del Poder judicial. “Esta modificación es la más espeluznante. Me parece que en ningún momento la AN tendría, de acuerdo a la Constitución, poder de las designaciones del inspector general de tribunales ni del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, porque el control de todo el sistema deja por fuera al TSJ”, denunció.

Golpe a la norma
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene un cuarto cambio a tomar en cuenta y tiene que ver con la disposición transitoria segunda que permite que los magistrados a los cuales no se les haya terminado el período de 12 años que estable la Constitución, puedan ser reelegidos.

“Eso es un fraude a la Constitución porque quiere decir que si, por ejemplo, un magistrado tiene ahorita 10 años de los 12 que le da la Constitución, ahorita podría ser reelecto por 12 más, es decir, ese magistrado podrá estar nada más ni nada menos que 22 años como magistrado, a pesar de que el término constitucional dice que es un único período no reelegible. Eso sería, además premiar a los que son responsables del calamitoso estado en que se encuentra el TSJ venezolano”, exclamó el defensor de derechos humanos.

Refrescamiento
Para algunos juristas, lo que busca el Gobierno con esta reforma de ley es salir de algunos magistrados que resulten incómodos para la imagen que intenta proyectar a escala internacional, sobre todo al estar enfrentando una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

“La razón de esta reforma es salir de ciertos magistrados que no toman líneas de gobierno y en segundo lugar, como lo planteó el diputado del PSUV, Pedro Carreño, de esa manera haya mayor control sobre la función de los magistrados del TSJ. Eso es un cinismo sin límite, en el sentido que el gobierno trata de controlar las actividades de los magistrados en sus funciones propias”, exclamó Jorge Rosell, expresidente de la Sala de Casación penal del TSJ.

Sosa: “Gobierno teme a la Corte Penal Internacional”
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y la Misión de Determinación de los Hechos han realizado sendos informes señalando que el TSJ es utilizado como un brazo político del Ejecutivo para mantener presos a disidentes, esto al indicar que los jueces carecen de titularidad, además de denunciar que se mantiene un retardo judicial abismal.

Ahora el Estado venezolano enfrenta una investigación ante la CPI por delitos de lesa humanidad. La exmagistrada, Cecilia Sosa, considera que la reforma tiene el propósito de hacer creer que el Poder Judicial está cambiando.

“Quieren quitar a magistrados desgastados en política para poder dar la sensación de que ando buscando personas conocedoras del derecho. Podrían sacar al presidente del TSJ, Maikel Moreno, que es una imagen desgastada y es mucho mejor buscar un presidente del TSJ más neutro. No hay duda que dentro del pacto que ya no es de Punto Fijo, sino el de Miraflores, haya una repartición entre factores que se dicen opositores, pero que coquetean con el usurpador, Nicolás Maduro y haya un cierto reacomodo”, argumentó.

“Sistema judicial venezolano sigue estando corrompido”
El abogado penal, Willians Escalona Terán, sostiene que cada una de las modificaciones que se le hicieron a los 10 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no están orientados a resolver temas, como la alta corrupción que tiñe al sistema judicial venezolano.

“Nos da la ligera impresión e interpretación que sólo el número de magistrados que la ley establece es el problema de funcionamiento de la justicia en nuestro país, cuando el diagnóstico objetivo que tenemos quienes caminamos por el sistema judicial en Venezuela no es numérico de magistrados y salas, sino la toga y birrete con que se viste la inmensa corrupción e injusticia, mercadeo, sobremanera en la jurisdicción penal y administrativa, donde alguaciles, defensores públicos, fiscales, miembros de cortes de apelaciones, presidencias de circuitos, jueces en todas las jurisdicciones a nivel nacional compran, venden, cambian calificaciones, remaran sentencias en los centros de retención y cárceles”, manifestó.

Reitera que ante la posibilidad que se reanuden las negociaciones entre Gobierno y oposición en México, con auspicio de la Comunidad Internacional esta ley sea la base para una repartición de magistrados entre las dos fuerzas políticas.

 

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