Cerca de siete horas. Eso fue lo que se demoró el testimonio que rindió el lunes, 21 de febrero, Ricardo Montenegro, exasesor de Piedad Córdoba y su fórmula al Congreso en las elecciones de 2010. Todo dentro de la indagación que adelanta la Corte Suprema contra la ahora candidata del Pacto Histórico.
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Aunque Córdoba advirtió la semana pasada que no asistiría a ninguna citación de la Corte, Ximena Castilla (una de sus abogadas) se hizo presente en algunos apartes de la diligencia.
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De hecho, El Tiempo estableció que la magistrada Cristina Lombana exigió que nadie ingresara ni celulares ni carteras, debido a las filtraciones de algunas diligencias, lo que generó molestia en la abogada Castilla.
Aunque el contenido de la declaración de Montenegro se maneja bajo reserva, El Tiempo estableció que se le preguntó de manera insistente sobre tres puntos. Estos son: giros desde Venezuela, viajes locales e internacionales y un señalado narcotraficante. Así mismo, por la llamada ‘Farcpolítica’.
Aunque Córdoba no se ha pronunciado sobre estos temas puntuales, en rueda de prensa, este martes anunció que llevará su caso a instancias internacionales y que pedirá una cita con el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Además, atribuyó las indagaciones que se adelantan en su contra a un plan orquestado desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos por Juan Carlos Pinzón y por el exprocurador Alejandro Ordóñez.
Tal como El Tiempo lo anticipó, Montenegro aparece en correos electrónicos (en 2009) en los que se habla de solicitud de dinero a la empresa Led Media de Venezuela para supuestamente cubrir gastos de campaña de Córdoba.
Este diario habló con Nilton Polanco, accionista de Led Media Colombia, quien admitió que mandó a hacer 2.000 camisetas rojas con dinero que llegó desde Venezuela.
Pero en los correos se habla de otras sumas por las que Montenegro fue indagado. Así como por Carlos Balilla Battistini y José Antonio Battistini, los dueños de Led Media y a quien Polanco dice haber visto con Piedad Córdoba en vuelos chárter que se pagaban en cheques.
El Tiempo estableció que la Corte le preguntó a Montenegro por qué hablaban de giros de los empresarios Battistini a Córdoba. Y en este apartado indagaron por un narcotraficante: Walid Makled.
El rastro más fresco de Makled es que fue condenado por el régimen venezolano a 14 años de cárcel. Pero habría sido dejado en libertad en mayo de 2021.
En 2015, medios locales ligaron a Mekled con Carlos Balilla Battistini, empresario de origen colombiano, cedulado en Venezuela desde 2006 y quien ahora vive en Miami.
Sobre los viajes de Córdoba, El Tiempo estableció que el interés de la Corte se centra en el origen de los fondos con los que se pagaron vuelos chárter y desplazamientos al exterior en desplazamientos privados y comerciales.
Además, este diario estableció que se indaga un un jet Cessna Citation, vinculado a Battistini, en el que Córdoba habría realizado algunos vuelos.
En la diligencia del lunes le preguntaron a Montenegro por supuestos pagos a dos empresas y por la cotización para la compra de una camioneta blindada.
Helistar SAS y Searca
Al parecer, el carro de alta gama nunca se negoció. Pero este diario estableció que se indagan los servicios aéreos que prestaron, desde 2008, en adelante las reputadas empresas Helistar SAS y Searca.
Esta última empresa indicó que si bien realizó algunos viajes en los que movilizó a la exsenadora y a otras personas (a partir de 2018), se los facturaba a Helistar.
El Tiempo contactó a apoderados de Helistar quienes aseguraron que, en efecto, han realizado varios viajes para Piedad Córdoba, al igual que lo han hecho otras empresas.
Además, que ella directamente cancelaba los trayectos y que no volvieron a prestarle el servicio porque tiene una deuda pendiente. También señalaron que hasta el momento la corte no les ha hecho ningún requerimiento.
Además de viajes domésticos, se indagan desplazamientos a Argentina y a Venezuela. En uno de los correos, Montenegro envía los datos de cuatro personas (Córdoba incluida) para un desplazamiento a Bariloche. Ahora se busca establecer si se ejecutó y quién lo pagó.
Fuente: El Nacional