En marzo del presente año, el proyecto Lupa por la Vida realizado entre la ONG Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla, hizo pública la documentación de 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ocurridas en Venezuela durante 2021.
Los hallazgos del monitoreo fueron publicados como parte de una base de datos puesta a disposición de los familiares de las víctimas para exigir justicia y reparación, así como para impulsar la construcción de políticas públicas para evitar la repetición de estas acciones.
El documento detalla que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estadales fueron los cuerpos más letales durante el período mencionado, el primero con un total de 347 presuntas ejecuciones extrajudiciales (24,54% del total), mientras las policías estadales habrían sido responsables en su conjunto de 426 muertes (30% del total).
Como novedad, el balance mostró que la policía del estado Carabobo desplazó a la del estado Zulia como la más letal del país, luego de contar 132 víctimas durante 2021 (9,34% del total).
La publicación del balance motivó al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, a interponer una demanda contra los activistas Marino Alvarado, de Provea, y el sacerdote jesuita Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por el delito de difamación agravada.
No es la primera vez que connotados dirigentes del chavismo han actuado contra Provea, en mayo de 2020, el gobernante Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusaron a la ONG de ser una organización tarifada y financiada por agencias de inteligencia norteamericana. Luego, en enero de 2021, Cabello amenazó con cárcel al director de la ONG, Rafael Uzcátegui, al informar que solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación para investigarlo, luego que Provea informara que el PSUV había recibido beneficios por parte de la cooperación internacional.
El abogado Joel García, quien asiste técnicamente al padre Infante y a Marino Alvarado, asegura que, ni con el informe, ni en las presentaciones públicas del mismo, los acusados declararon en contra del gobernador Lacava, e hizo hincapié en que solicitar una investigación no constituye delito alguno.
“Si analizamos la rueda de prensa y todas las palabras que allí se emitieron, no hay señalamiento alguno determinado contra el gobernador Lacava, no hubo palabras que atenten contra la dignidad, el honor, el decoro y la reputación del mandatario regional. Ellos (el padre Infante y Alvarado) solicitaron al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que investigaran a la policía del estado Carabobo por ser una de las más letales del país y se investigara a la cadena de mando, incluso al gobernador, que como poder ejecutivo regional está al mando del cuerpo regional de la entidad”, expresó Joel García.
Añade que no se está atribuyendo al gobernador que sea responsable de uno u otro delito y que el propio gobernador debería pedir la investigación.
“Al gobernador le conviene tener una policía transparente con respecto a los DDHH, que no transgreda el ordenamiento jurídico”, expresa García, quien hace énfasis al afirmar que la solución a la situación es conciliar, aunque esto no debe implicar la impunidad para quienes hayan cometido delito.
El profesional del derecho contó que se le impidió acreditarse como abogado defensor de Alvarado y Requesens al acudir el pasado jueves al Palacio de Justicia, ubicado, alegando los funcionarios que el caso estaba en el estado Carabobo, por lo que no eran competentes territorialmente, algo que contradice el ordenamiento legal.
“Es cierto que el juez que va a conocer del caso es de Carabobo, pero debería ser del lugar donde se cometieron los presuntos delitos al ser una acción privada, que no pasa por la fase ordinaria. De acuerdo con la competencia territorial, el tribunal incompetente es el de Carabobo porque el documento fue emitido en Caracas y los tuits se publicaron en Caracas, así que esto será materia a discutir ante el tribunal de Carabobo”, argumenta Joel García.
Que impere la sensatez, pide abogado Joel García
—¿Cómo queda el precedente de demandar por difamación a la persona que denuncia la comisión de delitos?
—Desde el punto de vista de que es el poder ejecutivo de una entidad federal el que está accionando hay que verlo con mucha delicadeza. Pareciera que lo que se pretende es acallar, censurar esa libertad de expresión, la investigación de violación de DDHH, y que cualquier otra persona que se atreva a documentar estos casos, solicitar una investigación, tenga miedo.
Es un precedente muy nefasto para un país para un país que se dice ser demócrata y que mantiene un Estado de derecho, social y de justicia donde debe prevalecer el respeto a los derechos fundamentales.
Insiste el abogado Joel García que debe imperar la sensatez y que las partes lleguen a feliz término y que el gobernador Lacava tome como oferta la propuesta de Provea y el Centro Gumilla a través de Lupa por la Vida, puedan coadyuvar a determinar si esos hechos son reales para tener una policía respetuosa de los DDHH.
—¿Qué se requiere para llegar a una conciliación?
—Antes de entrar a la parte litigante, de juicio, hay un espacio que se llama audiencia de conciliación en el que quien acusa, en este caso el gobernador Lacava, debe poner sobre la mesa cuál es su pedimento, qué quisiera él para dejar de accionar. De nuestra parte, hemos dicho que los datos del informe no son mentiras ni falacias y que las mentiras son el que se haya atentado contra el honor o la reputación del gobernador.
—En la rueda de prensa que dieron Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante ellos indicaron que acudirían a instancias internacionales. ¿Qué pueden hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal (CPI) Internacional al respecto?
—Hay que poner en conocimiento de la CIDH y la oficina de víctimas de la CPI del caso, así como a las diferentes relatorías de DDHH. Esta es una afrenta a la libertad de expresión y los DDHH.
Hay precedentes en la CIDH que, en 2019, condenó al Estado venezolano por un proceso legal contra el abogado Tulio Álvarez, quien fue demandado por (el dirigente del PSUV) William Lara, por difamación, a raíz de un artículo de opinión.
Esto (la acción contra Alvarado e Infante) sería un mal precedente para un país que está siendo sometido al escrutinio de la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
Indica Joel García, que los organismos internacionales podrían exhortar al Estado venezolano a desistir de la investigación sobre este particular y dar las recomendaciones para evitar los excesos de los cuerpos policiales.
—Recientemente se han reactivado los casos contra el diputado opositor Juan Carlos Requesens y al periodista Roland Carreño, con la realización de diferentes audiencias. ¿Cómo ve estos casos en particular? ¿Cree que exista relación entre ellos?
—El diputado Juan Carlos Requesens, electo por el estado Táchira, fue aprehendido de manera arbitraria el 7 de agosto de 2018 sin que existiera una orden judicial ni estando en flagrancia de delito alguno y a pesar de gozar del beneficio de inmunidad parlamentaria. Él fue llevado hasta la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y se le acusó de magnicidio frustrado por los sucesos con unos artefactos llamados drones en un acto del gobierno nacional.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el voto de 26 de los 29 magistrados que la integran, determinó que había cometido un delito de “naturaleza permanente” y que por ello no hacía falta que estuviera en un hecho flagrante y, a pesar que constitucionalmente es la Asamblea nacional (Parlamento), el único órgano facultado para separar un diputado de su cargo, el caso fue llevado ante la asamblea constituyente, saltándose el procedimiento del antejuicio de mérito.
Estuvo en la sede del Sebin hasta 2020, cuando fue llevado a su casa (mediante una medida de arresto domiciliario).
“Pero no es por el caso de los drones por lo que está siendo procesado, sino por siete delitos, entre los que figuran terrorismo, instigación pública continuada, tenencia ilícita de armas y municiones y hasta ahora no está demostrado por ningún órgano que es autor de dichos delitos; lo mantienen en eso por su pensamiento disidente, por ser un opositor, y demostraron que son capaces de detener a un diputado. Desde el punto de vista jurídico no tengo dudas de que la sentencia será absolutoria”, sostiene Joel García.
Añade que, en cuanto a Roland Carreño, fue detenido el 26 de octubre de 2020 y se le “sembró” un fusil, acusándosele además de portar $12.000 en efectivo y dos mapas donde supuestamente aparecía la ruta utilizada por Leopoldo López para huir del país.
“Para mí, Roland Carreño es un preso sustitutivo, porque apenas se fue Leopoldo López del país lo encarcelaron para cubrir el vacío. Le acusan de manejar fondos de la empresa Citgo según informes de contrainteligencia policial, en otra muestra de que la contrainteligencia desde 2007-2008 ha usurpado la función del Ministerio Público”, indica Joel García.
La Constitución quedó como parte de la mitología
—¿Cree que la justicia está siendo utilizada como arma contra la disidencia?
—Sí, efectivamente la justicia penal, y el concepto de justicia hay que forzarlo para pronunciar esa palabra en este momento porque eso no es justicia, está siendo utilizada como arma para acallar a la dirigencia política, no solo por los casos de Infante, Requesens, Alvarado y Carreño, sino de tantas personas que están pasando por estos procesos lamentables.
“El Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo, donde una orden de un ministro o cualquier funcionario tiene más peso que una boleta de excarcelación de un juez, y donde el director de un penal se excusa diciendo para no cumplir con la orden que no ha recibido autorización, cuando la Constitución establece en su artículo 44 que cuando un juez ordena la excarcelación de una persona no hay autoridad que pueda impedirlo. La Constitución parece un cuento de mitología