Luego del paro petrolero de 2002-2003 unos 18 mil trabajadores de Pdvsa quedaron sin empleo, pero también sin prestaciones sociales, caja de ahorros ni casa donde vivir. A 20 años del paro petrolero sus demandas laborales nunca tuvieron respuesta y su histórico caso fue la primera de la arremetida gubernamental en contra del resto de los trabajadores venezolanos
Esperaron la madrugada para irrumpir de manera violenta en una urbanización donde habitaban los trabajadores petroleros con sus hijos, padres y abuelos. Decenas de guardias nacionales, policías del estado Falcon y civiles armados interrumpieron el sueño de los residentes al lanzar bombas lacrimógenas, gritar y golpear sus escudos protectores.
Una de las escenas, captada por imágenes de un canal de televisión, mostraban niños y ancianos vestidos con sus pijamas corriendo en medio del caos. Sus rostros mostraban temor y sin entender mucho lo qué pasaba. Aunque horas después se dieron cuenta de que debían abandonar la casa donde vivían tras la violencia gubernamental que precedió luego del paro petrolero de hace 20 años.
La urbanización Los Semerucos ubicada en Falcón muy cerca del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) fue el escenario de las últimas violaciones a los derechos de los trabajadores de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) en 2002-2003. Unos 150 trabajadores petroleros fueron desalojados de estas residencias, y otras cientos de medidas similares en otras urbanizaciones, las cuales fueron construidas desde que en Venezuela operó la empresa norteamericana Shell.
Entre las 3:00 y 4:00 de la mañana del 25 de septiembre de 2003 llegó un contingente de la Guardia Nacional acompañado de integrantes de los llamados círculos bolivarianos creados por el entonces Hugo Chávez, que llevaban la orden expresa de desalojar a los despedidos de Pdvsa involucrados en la huelga.
«Ya nos habían amenazado varias veces con ingresar a la urbanización y los vecinos hacíamos guardia en las entradas de Los Semerucos en distintos horarios para estar pendiente. En el momento en el que estaba haciendo la vigilia, los guardias nacionales entraron y lanzaron bombas lacrimógenas», este es el comienzo del testimonio de Adela Cobis, supervisor de aseguramiento de la calidad en la planta de mezcla y envasado de lubricantes de Pdvsa en ese entonces y uno de los cientos de trabajadores que fueron desalojados a la fuerza de esta y otras urbanizaciones.
«Como pudimos nos metimos en la primera casa que nos dio albergue y luego comenzaron a decirnos que sacáramos a los hombres, porque sino nos iban a lanzar granadas. En ese momento nos encontrábamos solo mujeres y varios niños. Luego partieron los vidrios de la casa y lanzaron hacia dentro las bombas lacrimógenas», agregó.
Esa noche, las autoridades militares y policiales lograron desalojar de su vivienda a Haydee Irausquín, gerente de Pdvsa, quien ya había sido despedida. La única forma que ellos tenían para hacer los desalojos era entrar a la fuerza y tomar la urbanización.
Los despidos se hicieron por escalafón, primero a los gerentes, luego a los subgerentes, y al resto de los trabajadores de la nómina media. Tomar las entradas de la urbanización y del campo petrolero para ejecutar los desalojos a medida que los trabajadores eran despedidos, era el objetivo de los funcionarios militares.
Un día como hoy, 7 de abril, el entonces presidente Hugo Chávez despidió durante su programa 101 de «Aló, Presidente» a varios altos directivos de la petrolera estatal: incluida una mujer embarazada.
«Vamos a tomar todas las acciones para los que estamos facultados por la Constitución y las leyes (…) esa gente no da muestra de que haya recapacitado y ahora esa élite de Pdvsa han comenzado a pasar la línea. Anuncio la destitución de las siguientes personas. ¡Pa´fuera! muchas gracias, está usted despedido, muchas gracias por sus servicios. Y esto continúa. No tengo ningún problema de rasparlos a toditos si es necesario. ¡Off side!», dijo mientras sonaba un pito.
A partir de este momento, 18 mil trabajadores quedaron sin empleo. Pero también sin prestaciones sociales, ni con sus depósitos en la caja de ahorros ni en las viviendas que les había adjudicado Pdvsa para habitar. De acuerdo a consultas con expetroleros, varios habían dado una inicial para adquirir las casas, mientras que otros se encontraban en conversaciones para ello con la empresa estatal. A pesar de haber avanzado en el proceso, igualmente fueron desalojados y nunca devolvieron el dinero aportado.
«Cuando logré llegar a mi casa y reunirme con mis hijos me di cuenta que mi vehículo lo habían rayado, le abrieron la puerta de la jaula a unos pajaritos que tenía, se habían orinado en las dos entradas de la casa y rompieron los vidrios de las ventanas. Esa noche habían ancianos y niños que estaban resguardados en sus casas, pero al llegarles las bombas lacrimógenas tuvieron que salir e incluso arremetieron contra ellos cuando se dirigían a los vehículos para sacarlos de ahí. Era una forma de salir huyendo de lo que estaba pasando, porque no soportaban las bombas», contó Cobis, quien es Ingeniero Industrial y Técnico superior en Química.
Para iniciar el proceso contra los trabajadores despedidos se habilitaron tribunales en las urbanizaciones y así ejecutar los desalojos en el sitio. Desde ese momento las personas no podían ingresar a su vivienda, sino solo para llevarse sus pertenencias.
«No tenía adonde ir. La juez me dijo que si no tenía adónde, mis hijos menores de edad tenían que quedarse con ella. Ya yo había puesto en venta mi camioneta y el día que me tenía que ir el señor al que se lo vendí me llevó el dinero, y justo una vecina me informó que me había conseguido una casa en alquiler», así pudo resolver Cobis, pero muchos otros no contaron con esta posibilidad.
Para Mary Olga Girán, abogada especialista en derecho laboral, resaltó que todo lo que han vivido los trabajadores en Venezuela en estos 23 años, es parte de una política gubernamental dirigida a acabar con los sindicatos y en clara violación a los derechos laborales.
«En el país no se respetó ni se respeta el derecho a la huelga contemplado en las leyes laborales. El chavismo nunca ha creído en los sindicatos y por eso perdieron totalmente el poder político que tenían», acotó.
Destacó que los trabajadores con el apoyo de los sindicatos tuvieron muy contratos colectivos con una serie de importantes beneficios, «el salario mínimo estaba en los 300 dólares, es decir, vivieron un momento de esplendor y los trabajadores no se daban cuenta de eso».
Girán recordó que cuando salieron decisiones a favor de 20 mil empleados petroleros por parte del Ministerio del Trabajo que ordenó el reenganche de sus puestos de trabajo, nunca se cumplieron esas órdenes.
«Botar a trabajadores petroleros por televisión es algo inédito en la historia de la humanidad, no solamente botaron personas que participaron en el paro, sino también a trabajadores que se encontraban de vacaciones, que no se encontraban en el país, mujeres embarazadas, personas que estaban hospitalizadas porque se estaban recuperando de intervenciones quirúrgicas», dijo.
Horacio Medina, ingeniero petrolero y quien fuera directivo de Unapetrol durante el paro de 2002-2003, recordó que todos los despedidos se informaron por medio de listas publicadas en la prensa, sin el cumplimiento del debido proceso establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.
«Chávez desestimó todas estas denuncias alegando que la huelga general fue política, pero el comité de libertad sindical aseguró que el paro pudo ser asimilado a una huelga general, dirigida también contra la política económica y social del gobierno, por lo que los trabajadores no debieron ser despedidos».
Medina, quien forma parte de la junta ad hoc de Pdvsa, señaló que la destrucción de la libertad sindical no comenzó ni en el año 2010 ni en el 2014, comenzó desde el propio inicio del régimen de Hugo Chávez cuando desestimó las recomendaciones internacionales de revertir los despidos de Pdvsa.
Giran recalcó que el Ministerio del Trabajo es parte del Ejecutivo nacional, es decir, el patrono, es como el gerente de recursos humanos del Estado. «Por lo que era parte del problema, no de la solución. Son patronos y no iban a ir más allá en la solución o peticiones de los petroleros».
Sin derechos laborales
Lo ocurrido en Pdvsa tras el paro petrolero derivó en una serie de actuaciones por parte del gobierno que vulneró los derechos de los trabajadores de todas las áreas del país, esto a medida que se ejercía mayor control sobre la economía con la estatización de empresas y a la par de mantener el poder político.
Tanto los trabajadores petroleros como al resto de empleados de la administración pública fueron víctimas de la famosa lista de Tascón, a quienes les hicieron firmar cartas alegando que sus firmas habían sido falsificadas y que habían aparecido en los documentos en los cuales se solicitó el referendo revocatorio contra Hugo Chávez en 2004. Si no procesaban esa «denuncia» o no retiraban su firma del revocatorio no podrían cobrar las prestaciones o conseguir empleo en un ente del Estado.
Debido a la lista Tascón, otros 5.000 trabajadores petroleros fueron desincorporados de Pdvsa por haber aparecido en ella.
«Tengo una prima que trabajaba en Pdvsa y puedo asegurar que pasó por momentos muy difíciles, toda la familia tuvo que ayudarla después de haber tenido un buen nivel de vida. En un momento vendió hasta la licuadora para poder subsistir. Perdió todo, todo. Se quedó sin recursos de la noche a la mañana, porque no puso contar ni con sus prestaciones sociales ni lo que tenía ahorrado en su caja de ahorros. Además que no conseguía trabajo en ninguna parte, los petroleros llegaron a ser unos leprosos», dijo familiar de una trabajadora de la industria estatal que prefirió no ser identificada.
Después en el país ocurrió la venta de los puestos de trabajo, si alguien quería ingresar a una institución pública o a una empresa pública debía cumplir con el «pago de un peaje». A pesar de las denuncias sobre ello, nunca se llegó a investigar.
Mary Olga Girán recordó que las trabajadoras de la empresa Agroisleña en el estado Aragua que fue estatizada por Chávez «sufrieron las humillaciones más terribles» al tener como supervisoras a mujeres cubanas que llegaron incluso a golpearlas y a ofenderla, porque no se querían quitar el uniforme con el emblema de Agroisleña. «Con esto recuerdo que muchos jefes o persona que estaban en un cargo gerencial de las compañías del Estado eran cubanos sin haber tenido una carrera administrativa en el país».
Sostuvo la abogada y experta en materia laboral, lo que pasó con los trabajadores de Pdvsa se ha replicado en otras instancias, pero con un cambio de estrategia,. «Es como con los maestros a los que no botaron, pero le buscaron reemplazo porque abandonaron sus puestos de trabajo. Desde lo que ocurrió con el instructivo de la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), la represión ha sido importante contra los maestros; pero también es un hecho la prohibición de discutir contratos colectivos dentro de las empresas estatales, la persecución a los dirigentes sindicales, entre otros, todo ello son violaciones que la OIT ha considerado».
La perdida de una importante fuerza de trabajo en Pdvsa calificada y con estudios técnicos especializados dio paso al ingreso de personas con poca capacidad para manejar la industria y con claro afecto al partido de gobierno PSUV. De 40.385 empleados que ocupaban la nómina de la estatal, pasaron a ser más de 150.032 personas en 2015, para luego caer a 33.000 trabajadores en 2022.
Estos cambios en la nómina petrolera ocurrió a medida que la industria fue decayendo y en esa misma medida fueron eliminando los beneficios logrados por los sindicatos. La caída de los salarios fue evidente, los cuales pasaron de unos 600 dólares en promedio para el obrero a apenas 7 dólares en el presente.
En 2005, por ejemplo eliminaron la TEA (tarjeta electrónica alimentaria) y cerraron lo llamados comisariatos, que no eran más que abastos donde los petroleros podía comprar a menor precio todo tipo de artículos, desde alimentos hasta prendas de vestir.
Luego tocó el turno a la eliminación de los los transportes para empleados e hijos, las escuelas para los hijos de los trabajadores, los comedores, los seguros, las clínicas y las farmacias. Pero sobre se acabó con la política de la meritocracia, tan criticada por Chávez. A partir de entonces, la Pdvsa de logos azules, pasó a ser la «Pdvsa roja, rojita» del chavismo con el lema «Ahora el petróleo es de todos».
«Esa situación me dejó muchos sentimientos encontrados, me quedé sin trabajo, sin mis prestaciones, sin casa, tenía impotencia, frustración, rabia, cómo hacía parea mantener mi familia. Quedó ese trauma, porque no es fácil vivir esta situación con tus hijos. Recuperarse de eso también cuesta mucho y pasa tiempo, uno nunca espero vivir todo eso», señaló Adela Cobis.