El representante de Provea en Europa afirma que la nueva solicitud de la administración de Nicolás Maduro a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI es otra táctica para «ganar tiempo». La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya ha establecido dentro de su presupuesto 2023 una asignación para la Oficina de Asistencia Técnica en Caracas, que formaba parte de los acuerdos firmados en el memorando de entendimiento de noviembre de 2021
El 14 de noviembre el sistema de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó una solicitud hecha por la administración de Nicolás Maduro a la Sala de Cuestiones Preliminares I, la asignada para conocer los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al menos desde 2017.
Con fecha 10 de noviembre y firmada por el canciller Carlos Faría, la solicitud busca limitar la participación directa de las víctimas que remitieron el caso durante la etapa de inhibición planteada por el mismo Estado venezolano en abril, en base al artículo 18, parágrafo 2, del Estatuto de Roma, que rige las actuaciones de la CPI.
Para el abogado y representante de Provea en Europa, Calixto Ávila Rincón, «lo que pretende el Gobierno es dilatar estos procesos, para eso ha pedido que tenga mayores plazos para responder y además que se les permita responder a cualquier documento que introduzca una cualquier fuente durante el proceso, es decir, está tratando de ganar tiempo y hacer aún más complejo el proceso de decisión de los jueces».
La Sala de Cuestiones Preliminares I, que conoce del caso Venezuela, deberá realizar una especie de «minijuicio» y decidir sobre si las víctimas y sus representantes legales –todos de acuerdo en que continúe la investigación y se amplíe el tiempo y los delitos investigados– participen, al igual que los Estados parte que remitieron la demanda en 2018.
Ávila refiere que, aunque no hay lapsos procesales fijos dentro de la Corte Penal, existe un plazo razonable que podría tomar unos cuantos meses más. En todo caso, esperan que la Sala de Cuestiones Preliminares pueda resolver el asunto durante el primer trimestre de 2023.
El proceso de inhibición contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, se introdujo el 15 de abril de este año. Se solicitaba que la Fiscalía se inhibiera de su competencia el favor del Estado venezolano, pues el Estado alegaba que ya investiga esos casos que ya están en conocimiento del fiscal Khan. Cinco días más tarde, el británico negó declinar sus competencias.
El 1 de noviembre, el fiscal formalizó su posición pidiendo a la Sala de Cuestiones Preliminares retomar su investigación. «El objetivo es evitar que las víctimas y sus representantes puedan intervenir directamente en esta etapa del proceso. El Gobierno dice que esta intervención debería pasar por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI a partir de unos resúmenes. Vamos a ver qué dice la Sala de Cuestiones Preliminares sobre este punto», dice Ávila.
La Oficina de la CPI en Caracas
La relación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la administración Maduro no se limita a correspondencia sobre la investigación respecto a crímenes de lesa humanidad y un examen preliminar sobre el impacto lesivo de las sanciones sobre el pueblo venezolano, que el Gobierno venezolano califica como de lesa humanidad.
El 3 de noviembre de 2021, durante una visita del fiscal Khan a Venezuela, se firmó un memorando de entendimiento que, entre otras cosas, establecía la instalación de una Oficina de Asistencia Técnica de la CPI en Caracas. Un año después no se ha concretado.
Calixto Ávila señala que, en principio, el establecimiento de esta oficina no debería estar atada a la decisión de la Fiscalía sobre proseguir su investigación. Esta instancia «podría estar dirigida a poner el sistema judicial acorde al Estatuto de Roma y que haya posibilidad de justicia dentro del país», explica.
Pero ya el fiscal ha dicho, en su escrito del 1° de noviembre, que en Venezuela no se adelantan ni se han adelantado procedimientos relevantes para investigar y sancionar a presuntos responsables de crímenes que podrían calificarse como de lesa humanidad.
En todo caso, la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya ha establecido dentro de su presupuesto 2023 una asignación para su ejercicio, comenta el investigador. El monto, que asciende a 1.550.800 euros, incluye gastos de personal asignado y operativos, viáticos y trabajo que estime el fiscal Karim Khan como recursos técnicos.
El presupuesto 2023 de la Fiscalía debe ser presentado la primera semana de diciembre en la Asamblea de Estados Parte de la CPI. «Ya han previsto que esta oficina va a existir el año que viene, por tanto no se debería retrasar. Igual es una decisión que depende del fiscal de la CPI, pues depende directamente de ellos, y no de la propia Corte Penal como institución», afirma Ávila.