Cada 55 minutos se produce una muerte violenta en Venezuela. Lo que multiplicado por horas, días, semanas o meses da la cifra de 9.367 como saldo fúnebre del 2022. El país se mantiene en el tercer lugar en el ranking latinoamericano de la violencia, tras Honduras y El Salvador. En las listas de lo peor es donde destaca el régimen que encabeza Nicolás Maduro.
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) lleva muchos años estudiando y registrando el fenómeno de la violencia en Venezuela. Por años cuestionó cifras oficiales que pasaban antes por la sala de maquillaje, ahora aporta una estadística que ningún organismo oficial ofrece de manera tan detallada y analítica, como sucede en la mayoría de los campos del desempeño del Estado, obligado, solo en el papel, a informar a sus ciudadanos de manera transparente.
El informe anual del OVV evidencia la similitud entre las cifras del año 2021 y las del 2022 (9.447 contra 9.367) en cuanto a violencia y criminalidad, lo que significa que se detuvo la tendencia a la baja –o fue ínfima– de los años precedentes.
Las 9.367 muertes violentas de 2022 se dividen así: 2.328 son homicidios cometidos por ciudadanos, 1.240 son por intervenciones policiales y 5.799 son muertes que se encuentran en averiguación por los organismos de investigación criminal.
El OVV advierte que hay 1.370 denuncias de desapariciones, con un indicio importante de muerte, lo que elevaría la cifra total de víctimas fatales a 10.737.
Pero detengámonos en el dato más revelador del informe del OVV: las 5.799 muertes bajo sospecha, que representa nada menos que 62% del total de víctimas de la violencia.
En el año 2022 los casos clasificados como homicidios y como muertes por intervención policial sumaron 3.568 víctimas, una reducción con respecto a 2021. Eso facilitaría hacer un título periodístico del tipo «Bajaron los homicidios en el país». Pero se dejaría de considerar esta sorprendente y notable cantidad de muertes en «averiguación», las cuales, apunta el informe, «no han sido investigadas ni mucho menos iniciado el proceso penal correspondiente”.
¿Será que los cuerpos policiales tienen tanto trabajo que se le acumulan los casos por investigar? Cualquiera sea la respuesta, las muertes son verdaderas y se desconoce las causas y las circunstancias en las que se produjeron.
El Protocolo de Bogotá (2015) sobre calidad de los datos de homicidio para América Latina y el Caribe establece criterios técnicos cuyo cumplimiento reflejaría que esos datos tienen un elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia y sirve de referencia para las instituciones que trabajan las estadísticas oficiales de homicidios y para los gobiernos nacionales o locales.
El OVV cita el Protocolo en cuanto al máximo aceptable de muertes por «causa indeterminada» –los que están bajo averiguación– que fija en el 10% del total de homicidios. Al aplicar ese concepto sobre las cifras de Venezuela, las 3.568 tipificadas como homicidios y muertes por intervención policial, se observa la enorme disparidad de los datos: 10% de esa cantidad equivaldría a 357 víctimas y no las 5.799 –16 veces más– de las que solo se sabe que murieron pero no cómo y por qué causas.
¿Se sabrá algún día? Menos de la cuarta parte de la población entrevistada por el OVV (22%) cree que la policía la protege de los delincuentes. ¿Son las cifras otras “víctimas indeterminadas”?