La «Liberté» en Jaque
Con Informacion de INFOBAE
En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés ha aprobado un proyecto de ley que permite a la policía acceder de forma remota a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de personas bajo investigación por delitos castigados con al menos cinco años de prisión.
La medida, incluida en un artículo que contiene varias disposiciones, fue votada por la Asamblea Nacional como parte de un proyecto de ley más amplio para reformar el sistema judicial. Esta ley de justicia se suma a una serie de medidas implementadas por el Gobierno francés para ampliar las capacidades de la policía a través de la tecnología.
Con 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional con el respaldo de los diputados de la bancada presidencial (Los Republicanos y Renaissance -el partido de Macron-) y el Partido Socialista de centroizquierda. Los bloques que conforman la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por el comunista Jean-Luc Melénchon, rechazaron la medida, al igual que la derecha liderada por Marine Le Pen. Sin embargo, varios senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas anunciaron que votarían a favor de la ley luego de las protestas y la violencia que sacudieron a París y otras ciudades del país. Este apoyo fue crucial para que la legislación, que estaba estancada en el Congreso, avanzara y fuera aprobada.
Ahora solo falta que el Presidente de la República promulgue la ley en los próximos 156 días. Durante este período, los parlamentarios que se oponen aún tienen la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional.
El Senado, que aprobó la ley hace un mes, intentó limitar la medida a los delitos castigados con diez años de prisión. Sin embargo, la Asamblea volvió a la versión propuesta por el Gobierno y se estableció que se aplicaría a aquellos sospechosos de delitos penados con al menos cinco años de prisión.
Proceso de vigilancia y restricciones
Según Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, compañía global de soluciones de software de seguridad, para que las autoridades puedan activar de forma remota la cámara y el micrófono de un dispositivo móvil, «el usuario tendría que instalar una aplicación y dar permisos a esa aplicación para tener control sobre la cámara o el micrófono». Gutiérrez también explicó que el usuario tendría que aceptar la instalación de la aplicación, ya que no hay otra forma de que las autoridades puedan acceder a la cámara y al micrófono.
En relación a la geolocalización, Gutiérrez comentó que las autoridades policiales pueden acceder a esta información a través de los operadores de telefonía móvil sin necesidad de una aplicación, ya que cada usuario tiene un dispositivo móvil con un identificador que puede ser utilizado para rastrear su ubicación.
La ley contempla dos partes principales: la geolocalización en tiempo real de personas bajo investigación y la capacidad de las autoridades policiales para capturar de forma remota el sonido e imágenes de personas buscadas por delitos de terrorismo y delincuencia organizada. Esto implica que los agentes podrán utilizar el micrófono para grabar comunicaciones de voz y la cámara para analizar secuencias de video.
El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, defensor de la ley, ha afirmado que esta medida solo afectará a unos pocos casos al año y que se requiere la autorización de un juez para llevar a cabo la vigilancia.
Durante el debate en la Asamblea Nacional, se añadió una enmienda que exige la aprobación de un juez para cualquier vigilancia realizada bajo esta nueva ley. Además, el acceso a las cámaras y micrófonos durante una investigación tendrá una duración máxima de seis meses.
Críticas y argumentos a favor
Los grupos parlamentarios de izquierda han criticado duramente el proyecto de ley. El bloque de Francia Insumisa (LFI) argumentó que se trata de una «deriva autoritaria» y expuso las críticas de abogados y organizaciones no gubernamentales que alegan que la ley «atenta contra la vida privada» de las personas.
Ante estas críticas, los parlamentarios oficialistas destacaron las «garantías» que establece la legislación. Explicaron que la captura de sospechosos se reservará para los casos más graves y requerirá una autorización de 15 días. Sin embargo, esta autorización puede ser renovada por un juez y extenderse hasta dos meses renovables por un juez de instrucción, llegando así a una duración máxima de seis meses.
Eric Dupond-Moretti comparó esta práctica con la antigua técnica de colocar micrófonos o cámaras a sospechosos y argumentó que la activación remota de dispositivos conectados ya es utilizada por los servicios de inteligencia, pero en estos casos será necesario contar con la autorización de un juez.
El gobierno de Macron ha enfrentado recientemente violentas protestas en París y otras ciudades de Francia después de la muerte de un adolescente a manos de la policía durante un control de tráfico en la capital del país.