Desde que María Corina Machado presentó su programa económico a finales de junio, ha habido un debate público sobre la conveniencia de privatizar Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal encargada de la explotación de nuestros recursos petroleros según la constitución venezolana (artículos 302 y 303 de la CRBV). Las opiniones van desde aquellos que creen firmemente en la conveniencia de la privatización, hasta aquellos que consideran que sería un acto criminal contra la patria. En esta discusión, inevitablemente se plantea la relación entre la privatización de PDVSA y la soberanía nacional. Veamos este concepto con más detalle.
El término soberanía se refiere al poder político de tomar decisiones fundamentales para la nación. En una democracia, como se supone que es el caso de Venezuela, ese poder reside en el pueblo, que lo ejerce directa o indirectamente a través del voto (art. 5 CRBV).
Por lo tanto, se puede inferir que el manejo de la industria petrolera es un asunto de gran importancia para el ejercicio del poder político por parte del pueblo venezolano. Pero ¿a través de quiénes y con qué propósito?
Sabemos la respuesta a la primera pregunta. Basándose en el Decreto de Minas del Libertador de 1829, firmado en Quito, se asumió que las minas debían ser propiedad del Estado. Sin embargo, lo que realmente dice el mencionado decreto es que las minas pertenecen a la República, y el gobierno las concede a los ciudadanos de acuerdo con las leyes. Por lo tanto, el control soberano sobre la industria petrolera solo podría lograrse a través de la estatización, lo que incluyó la adquisición de tres pequeñas empresas pertenecientes a venezolanos. Esto abrió la puerta a consideraciones políticas en la gestión de PDVSA, ya que ¿cómo se puede ejercer esa soberanía si no se tiene control sobre la empresa? Si bien al principio se intentó proteger la gestión de la empresa de la política, confiando la dirección en Rafael Alfonzo Ravard y un equipo de gerentes venezolanos con amplia experiencia en compañías petroleras internacionales, la crisis de los años ochenta («década perdida») obligó a retrasar los planes de inversión de PDVSA en exploración, producción y refinería para satisfacer las necesidades fiscales. Durante el gobierno de CAP II en la década de 1990, el Congreso aprobó la estrategia de apertura petrolera a la inversión extranjera y se permitió a PDVSA mantener recursos para recuperar terreno. Esto generó críticas de sectores de izquierda, que argumentaron que se estaban sacrificando ingresos fiscales destinados al pueblo venezolano para financiar los ambiciosos planes de expansión de una empresa que operaba como un «Estado dentro del Estado». Era necesario tomar control de PDVSA.
Todos sabemos lo que ocurrió después. Bajo el gobierno de Chávez, PDVSA pasó a ser el eje de su socialismo de reparto, se le obligó a subsidiar «misiones» y a asumir tareas que no eran de su competencia, a cambio de apoyar alianzas internacionales mediante diferimientos, rebajas o exenciones en el pago de sus facturas petroleras. El resultado fue la destrucción de la empresa, como lo demuestran la caída continua de su capacidad de producción, su enorme endeudamiento, el deterioro de las refinerías y el progresivo deterioro de sus instalaciones. ¿Es eso expresión del control soberano del pueblo venezolano sobre la empresa? A pesar de todo esto, algunos todavía piensan que recuperaríamos esa soberanía al eliminar las mafias del poder que actualmente la controlan.
Pero el verdadero problema va más allá. Venezuela es actualmente un país fallido e incapaz de proporcionar una vida digna para su población mientras siga bajo el control chavista. Sin un cambio, no hay solución. Es tan simple como eso. La recuperación solo será posible con una inyección sustancial de recursos externos, y esto solo sucederá si el país vuelve al imperio de la ley en el marco de nuestro ordenamiento constitucional, que consagra las garantías, deberes y derechos de la población, y si se implementan reformas significativas en la gobernanza del Estado para mejorar los servicios públicos, la infraestructura, la seguridad, el medio ambiente, etc. Pero, ¿por qué los organismos internacionales nos prestarían esos recursos? ¿Acaso somos el único país necesitado o mejor que los demás?
El principal aval para recibir préstamos es nuestra capacidad para generar ingresos significativos a través de las exportaciones petroleras. Esto implica, por supuesto, el levantamiento de las sanciones internacionales al recuperar un régimen democrático con garantías. Y solo será posible si logramos atraer inversiones masivas de empresas petroleras internacionales. Sin embargo, todo esto deberá suceder en un contexto global en el que se están implementando medidas para reducir el uso de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático, especialmente en los países más desarrollados. Algunos analistas predicen que la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo (peak demand) a fines de esta década. Mientras tanto, la oferta está aumentando rápidamente en países como Guyana (que producirá más petróleo que Venezuela en pocos años), Brasil (que actualmente produce más de 3,2 millones de barriles por día) e Irak, Kazajistán y Nigeria, que tienen ambiciosos planes de expansión. Además, los gigantes como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia seguirán produciendo más de 10 millones de barriles por día cada uno.
La competencia de estos productores por atraer inversiones en un mercado que pronto comenzará a disminuir dependerá, entre otras cosas, de su compromiso con la contención del cambio climático. El Banco Mundial también ha anunciado que este criterio será cada vez más relevante para otorgar créditos a los países solicitantes. ¿Podrá PDVSA, quebrada y en declive, competir en este escenario?
Nuestra soberanía sobre el petróleo debe buscar maximizar los beneficios a largo plazo para la población venezolana. Sin embargo, esos beneficios serán escasos si la empresa sigue siendo un instrumento político controlado por el Estado. La única forma de evitar que Venezuela se convierta en un país fallido, relegado al último lugar en América Latina y el Caribe junto con Haití, es abrir el sector petrolero a la inversión privada, ofreciendo incentivos atractivos y un plan creíble para la transición energética. El orgullo nacional de no privatizar PDVSA solo puede entenderse en la exigua minoría chavista que sigue creyendo en el mito de que representan exclusivamente al pueblo venezolano.