El 24 de noviembre de 1948, se llevó a cabo un «golpe frío» contra el gobierno democráticamente elegido de Rómulo Gallegos. Una Junta Militar compuesta por Carlos Delgado Chalbaud, quien hasta entonces era ministro de Defensa, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez tomó el poder. La cúpula militar que se mantuvo en el poder hasta 1958 decidió implementar la censura desde el principio para evitar posibles conspiraciones.
La censura comenzó la misma noche del 24 de noviembre de 1948, pocas horas después del golpe. Un personaje de la política venezolana, Luis Manuel Vicente Tinoco «Tinoquito», estableció la oficina de censura e introdujo el uso del «lápiz rojo» como herramienta de trabajo para alienar, ir en contra del espíritu, aniquilar conciencias y razones (Catalá y Rangel, 2003).
A pesar del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, conocido en la prensa como «el crimen del 13 de noviembre» de 1950, el régimen continuó. La junta fue liderada primero por Marcos Pérez Jiménez, quien apareció grandilocuente en los actos fúnebres de Delgado Chalbaud, y luego, el 27 de noviembre de 1950, un civil, Germán Suárez Flamerich, fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno.
Después de la suspensión de algunas garantías, la Junta de Gobierno anunció el 30 de diciembre de 1950, a través de la prensa, la restitución de algunas de ellas, con el objetivo de llevar al país a elecciones. Sin embargo, la libertad de expresión quedó restringida con los siguientes términos:
«No se publicarán ni difundirán conceptos o noticias basadas en rumores, o que contengan expresiones insidiosas, o que tiendan a propagar alarmas, o a promover la desobediencia a las leyes o a subvertir el orden político y social. A tal efecto, todo el material de carácter político destinado a la publicidad deberá ser enviado a una Comisión de Examen integrada por representantes de esa actividad. La Comisión autorizará o no la publicación del material que se le someta, en función de su contenido» (El Nacional, 1950).
En las elecciones del 30 de noviembre de 1952, la Unión Republicana Democrática (URD) ganó, pero Marcos Pérez Jiménez se mantuvo en el poder. La oficialidad ignoró las premisas electorales previas. En su discurso presidencial, publicado en la prensa, Pérez Jiménez afirmó que el gobierno tenía derecho a esperar que los electores del 30 de noviembre de 1952 se pronunciaran a favor de aquellos que habían dado prestigio y grandeza a la nación, y no a favor de aquellos que solo presentaban «su capacidad crítica, basada en calumnias y actividades anti-nacionales».
En este contexto, en octubre de 1953, periodistas exiliados presentaron un informe ante la IX Sesión de la Sociedad Interamericana de Prensa, denunciando la «rigurosa» censura de la prensa escrita y radial en Venezuela.
Se denunció que durante cinco años hubo «censura policial y regimentación fascista en las empresas». Esto se logró mediante tácticas como la «liquidación de empresas a través de presión policial con grandes pérdidas económicas, la imposición de publicaciones favorables al gobierno como si fueran propias, con el objetivo de distorsionar la realidad nacional, y la simulación de libertad de prensa, así como la coacción a las empresas para que despidieran a periodistas y empleados opuestos al régimen».
Es decir, no solo se desinformaba a través de la censura, sino que también se falsificaba la realidad al imponer textos manipulados escritos por los periodistas de los diarios. Es interesante que en 1953 los ponentes, como Andrés Eloy Blanco y Gustavo Machado, acusaran al régimen de intentar «distorsionar la realidad nacional».
Entre las medidas tomadas durante ese período de censura y represión se encuentran:
1. Clausura de periódicos: El País, de Caracas; El Día, de Valencia; El Popular y El Componedor, de Barquisimeto; El Fiel, de Carúpano; Cantaclaro, de Carora; Acción, de Valera; Bandera, de Rubio; Atalaya, de Mérida, y Panorama, de Zulia, aunque este último pudo volver a circular.
2. Suspensión temporal de periódicos: El Morrocoy Azul, El Nacional, El Gráfico y el Diario de Occidente, Tribuna Popular (este último finalmente fue clausurado).
3. Control directo de empresas: en el caso de Últimas Noticias y Panorama, el régimen obligó a los propietarios a venderlas a personas afines al gobierno, para que sirvieran como órganos de propaganda de la dictadura.
4. Represalias económicas: multas recurrentes a El Nacional, El Gráfico, El Universal y Tribuna Popular por difundir información no grata para el gobierno.
5. Atropellos contra periodistas: prisión para varios periodistas, muchos de los cuales fueron condenados a más de tres años de cárcel. Además, se llevaron a cabo torturas físicas y mentales contra periodistas como Domingo Alberto Rangel, Ramón Velásquez, Simón Alberto Consalvi, Héctor Stredell, José Bernardo Granadillo, César Gil, Raúl Alfredo Arriaga, Simón Ferrer, Carlos Ferrera, Ismael Matos Mérida, Pedro Bernardo Pérez Salinas y José Agustín Catalá.
El informe también mencionaba a los líderes Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Antonio Pinto Salinas y Luis Troconis Guerrero, todos periodistas. Los tres primeros fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y el último murió en el exilio.
6. Exilio de periodistas: Valmore Rodríguez, Jesús González Cabrera, Andrés Eloy Blanco, Luis Esteban Rey, Pedro Beores, Alfredo Tarre Murzi, Humberto Bartoli, Luis Herrera Campins, Juan Liscano, Analuisa Llovera, Pedro Elías Hernández, Manuel Martínez, Alberto Ravell, Siso Martínez, Gabriel Bracho, Rómulo Betancourt, Rafael Pizani, Gustavo Machado, Mario Briceño Iragorry, Hernani Portocarrero, Julio Groscoors, José M. Machin, César Rondón Lovera, Miguel García Mackle, entre otros.
Lamentablemente, el régimen de Pérez Jiménez fue una escuela de métodos de censura y desinformación que aún persigue a Venezuela en la actualidad.
Por León Hernández
¿Ahora nos salen con MPJ otra vez? ¿Para que nos sintamos mejor de que la vida es más sabrosa con los adecopeyanos y luego los chavistas? Jajajaja.
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