El acuerdo de Barbados está en peligro debido a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, según un abogado de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. El abogado, Perkins Rocha, denunció que el TSJ no les ha permitido acceder al expediente del recurso interpuesto contra la inhabilitación política que le impide a Machado formalizar su inscripción como candidata. Según Rocha, esto deja a Machado en una «peligrosa situación de indefensión» y pone en riesgo el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el acuerdo de Barbados.
El 15 de diciembre, Machado acudió al TSJ para presentar un reclamo y una demanda de amparo cautelar contra la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República (CGR), sin haber sido notificada previamente. En noviembre, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por ambas partes para la revisión de inhabilitaciones. Según este mecanismo, cualquier persona inhabilitada podía ejercer un recurso ante el TSJ entre el 1 y el 15 de diciembre, y el tribunal se pronunciaría sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado.
Después de que Machado presentó el recurso, el TSJ solicitó a la CGR la información relacionada con su inhabilitación. Sin embargo, los abogados de Machado denuncian que no pueden acceder a dicha información ni confirmar si se ha cumplido con el requerimiento. Esta situación genera preocupación, ya que el levantamiento de inhabilitaciones es uno de los compromisos estipulados en el acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, con el cual se buscaba el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos.
La oposición y otros sectores de la sociedad civil en Venezuela han denunciado que las inhabilitaciones son arbitrarias y se utilizan para eliminar del juego político a opositores y disidentes chavistas que aspiran a cargos de elección popular. El Alto Comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho a participar en asuntos públicos, especialmente de cara a los próximos procesos electorales en el país.
Es importante destacar que estas acciones del Tribunal Supremo de Justicia pueden tener implicaciones en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de Barbados y en las relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha emitido licencias temporales que autorizan ciertas transacciones relacionadas con la industria petrolera venezolana, pero ha dejado claro que estas medidas serán revertidas si no se cumplen los compromisos estipulados, como el levantamiento de las inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.