Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) expresaron su preocupación por la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel. Según un comunicado publicado en redes sociales, el rectorado de la UCV exige al gobierno de Nicolás Maduro que se ajuste al marco legal vigente.
El comunicado señala que la opacidad y confusión que rodean la detención de San Miguel y sus familiares han generado preocupación. Las autoridades de la UCV instan a los organismos competentes a actuar de acuerdo con la ley. Además, cuestionan las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la audiencia de presentación de San Miguel y sus familiares, ya que consideran que no brindan suficiente claridad sobre lo sucedido.
En el comunicado, las autoridades de la UCV también destacan las dificultades para acceder a información veraz, imparcial y oportuna sobre el caso. Recuerdan que San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano y profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
San Miguel y varios de sus familiares fueron presentados ante el Tribunal segundo contra Terrorismo después de tres días de desaparición forzada por parte de los organismos de seguridad del Estado. Según el abogado de la activista, por petición del Ministerio Público (MP), San Miguel permanecerá detenida de forma preventiva en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Alejandro González Canales, expareja de San Miguel, también será recluido de manera preventiva en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleita. Por otro lado, la hija de San Miguel, Miguel y Alberto San Miguel, sus hermanos, y Víctor Díaz Paruto, padre de la hija de San Miguel, fueron liberados bajo medida de presentación, con la prohibición de salir del país y de declarar a los medios de comunicación.