Según un análisis realizado por la ONG Gritemos con Brío, las universidades públicas del país solo recibieron el 2,60% del presupuesto nacional. Esta situación ha generado problemas como los bajos salarios de los profesores, que se han convertido en una constante preocupante.
La ONG explicó en un comunicado de prensa que, aunque el gobierno destinó al Ministerio de Educación el 10,25% del presupuesto nacional, al profundizar en las universidades públicas, la cifra desciende considerablemente a solo el 2,60%. Esta caída es bastante significativa y plantea un desafío para el funcionamiento adecuado de estas instituciones.
José Bolaños, director de la Unidad de Investigación de la ONG, destacó que la disminución en el presupuesto asignado a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) tendrá un impacto negativo en la mejora de las infraestructuras educativas. Bolaños señaló que la FEDE recibirá 4.526 millones de dólares, de los cuales solo 3.500 se destinarán a la construcción, reparación y adecuación de 2.379 escuelas. Esta cifra en dólares es menor a la asignada en el año anterior, cuando se contemplaban 1.395 escuelas.
El investigador hizo un llamado a considerar la educación no solo como un derecho fundamental, sino también como una inversión a largo plazo en el capital humano del país. Destacó la importancia de garantizar una educación de calidad, desde la infraestructura escolar hasta la formación docente, para asegurar que cada bolívar invertido se traduzca en oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo personal y profesional para los jóvenes.
Además del bajo presupuesto asignado, existen otros factores que afectan a las universidades públicas. La crisis económica y humanitaria, así como la deserción estudiantil, alejan a los jóvenes de las aulas. José Luis Teixeira, miembro de Gritemos con Brío, señaló que aunque ha habido un aumento considerable en el presupuesto para el año 2024 en comparación con el año anterior, solo el 20% se destina a servicios públicos.
Teixeira también criticó la asignación de al menos el 77% de los recursos a las áreas de desarrollo social y participación, ya que considera que esto podría estar relacionado con el cumplimiento de los objetivos del partido político PSUV. Según él, este concepto es muy ambiguo y no está claro cómo se utilizarán esos recursos.