Desde enero de 2023, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado una serie de casos alarmantes en Venezuela. Según informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se han documentado 18 casos de desapariciones forzadas perpetradas por los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado.
En estos casos, las personas detenidas son mantenidas incomunicadas durante horas e incluso semanas, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos. La revelación de estos datos por parte del Alto Comisionado de la ONU pone de relieve la urgente necesidad de que las autoridades venezolanas lleven a cabo investigaciones exhaustivas y transparentes, así como de la adopción de medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y prevenir futuras atrocidades.
La mayoría de las personas detenidas se enfrentan a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero. Además, se han recibido denuncias de malos tratos infligidos a los detenidos por agentes de seguridad o inteligencia, algunos de los cuales podrían configurar tortura. En este contexto, se hace un llamado urgente a la liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente.
La alta comisionada adjunta de la ONU también ha destacado la continua represión contra los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Se mencionan los casos de Javier Tarazona y Rocío San Miguel como ejemplos alarmantes de esta situación. En este sentido, se insta a las autoridades venezolanas a que no aprueben la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ya que esto podría obstaculizar la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital.
La preocupación de la ONU se ha intensificado con la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a los funcionarios de su Oficina de Derechos Humanos en Caracas y suspender sus operaciones. Aunque se han producido algunos cambios positivos, aún queda mucho por hacer.
La comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha instado al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas inmediatas y efectivas para evitar estas violaciones y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.