El proceso de inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela ha comenzado hoy, según ha anunciado el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los aspirantes podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes, 25 de marzo, fecha límite establecida en el cronograma electoral.
Hasta el momento, no se conoce cuántos candidatos se postularán, ya que algunos de aquellos que habían expresado su intención de participar no podrán hacerlo debido a su inhabilitación por parte de la Contraloría para ocupar cargos públicos de elección popular. Este es el caso de María Corina Machado, elegida como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor, en las primarias celebradas el pasado 22 de octubre.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), actualmente en el gobierno, ha designado como candidato a Nicolás Maduro, quien aceptó la propuesta de los militantes y simpatizantes chavistas. Maduro buscará su tercer mandato consecutivo en estas elecciones.
Además de Maduro, varios opositores han confirmado su intención de inscribirse en el CNE para las próximas elecciones. Entre ellos se encuentran Leocenis García, por la formación Prociudadanos; el diputado Luis Eduardo Martínez, por el partido Acción Democrática (AD); José Brito, por Primero Venezuela; y Javier Bertucci, por El Cambio.
Tras la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una situación en la que se encuentran muchos antichavistas, aún se desconoce quién será el candidato del bloque opositor en sustitución de la elegida en las primarias.
Ante las sanciones administrativas que impiden a los afectados aspirar a cargos públicos mediante elecciones, diversos partidos, organizaciones sociales y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) han solicitado que se garantice la posibilidad de participación de aquellos que deseen competir por la Presidencia.
La CEV ha afirmado esta semana que «los órganos del Estado que están al servicio del pueblo y todas las instituciones políticas y sociales deben trabajar para garantizar la posibilidad real de participación equitativa en este proceso, tanto para los electores como para los candidatos».