La ONG Provea emitió una declaración el jueves en la que solicitó a la comunidad internacional que tome medidas diplomáticas para evitar la aprobación del «proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares». Según Provea, este proyecto de ley representa un avance hacia la construcción de un gobierno totalitario.
En su comunicado de prensa, la ONG insta a los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos a intervenir y evitar que se promulgue definitivamente esta propuesta.
El proyecto de ley fue presentado por el gobierno el martes ante la Asamblea Nacional, que está controlada por el chavismo. El documento consta de 4 capítulos y 30 artículos, y tiene como objetivo establecer «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista».
Provea argumenta que la aprobación de esta ley sería perjudicial para las garantías de disfrute de los derechos humanos de la población, ya que considera que la calificación de las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 como «fascistas» justificaría la violación sistemática de los derechos humanos durante ese período.
Además, la ONG critica las definiciones conceptuales «abiertas y de interpretación arbitraria» presentes en el proyecto de ley, ya que considera que la penalización de elementos subjetivos como el «conservadurismo moral» o la criminalización de una ideología como el neoliberalismo son contrarias al estado de justicia y derecho establecido en la Constitución de 1999.
En resumen, Provea solicita la intervención de la comunidad internacional para evitar la aprobación del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, argumentando que esto representaría un avance hacia un gobierno totalitario.
La ONG critica las definiciones conceptuales ambiguas presentes en el proyecto de ley y considera que su aprobación sería perjudicial para los derechos humanos en Venezuela.