En una acción decidida contra el lavado de activos, las fuerzas de seguridad españolas practicaron la aprehensión de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario venezolano Roberto Rincón, en una operación efectuada en Madrid la mañana del viernes 5 de abril de 2024. La maniobra, destinada a combatir el blanqueo de dinero de prominentes capitales venezolanos establecidos en España, tuvo lugar en la capital española, donde se ha asentado una significativa comunidad de acaudalados venezolanos.
Informantes allegados a la investigación, llevada a cabo por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional espaloña, declararon que sería el lunes 8 de abril cuando sería presentado Rincón Bravo ante la justicia. La operación ha estado bajo la coordinación del magistrado Joaquín Gadea del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y hasta el momento, los detalles de la causa se mantienen bajo reserva.
El operativo no solo se enfoca en el blanqueo de capitales, sino que también pone su atención en posibles infracciones de cohecho internacional y estructuras delictivas organizadas, contando con la colaboración de autoridades estadounidenses y portuguesas.
Pozuelo de Alarcón: un punto clave
Dentro del conjunto de propiedades registradas por la UDEF se encuentra una localizada en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid y un chalé en la elitista urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón, siendo esta última el hogar de José Roberto Rincón.
Es importante destacar que no es la primera vez que el hijo del multimillonario venezolano se enfrenta a la justicia española. En 2018, ya había sido detenido en relación con una investigación sobre el presunto lavado de activos procedentes de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, causa que está siendo examinada por la jueza María Tardón del Juzgado Central de Instrucción número 3. En un caso relacionado, su padre, Roberto Rincón Fernández, confesó en 2016 ante la justicia de los Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurar contratos energéticos y fue condenado.
Asimismo, en junio de 2018, las autoridades españolas realizaron registros en un apartamento y una finca vinculados a José Roberto Rincón, como parte de las pesquisas sobre el blanqueo de capitales.
En febrero de 2020, la jueza Tardón decidió restituir la administración de la finca, conocida como ‘La Losilla’, ubicada en Villarejo de Salvanés (Madrid), a José Roberto Rincón. Este último investigado por su presunta participación en el desfalco a PDVSA, en una trama que incluye a exaltos cargos del Gobierno venezolano y empresarios.
Pesquisas periodísticas que aquí exponemos, gracias a datos, documentos e imágenes a los que ha podido tener acceso el equipo de investigación de El Publique, ahora permiten sacar a la luz dos nuevas tramas, hasta ahora desconocidas, que involucran a José Roberto Rincón y que se presume pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales. Estas tramas incluirían la creación de empresas fachada y el patrocinio de actividades deportivas en el mundo del automovilismo, cuyos detalles aquí revelamos.
El rescate de una empleada doméstica
En mayo de 2019, un hecho insólito sacudió a los residentes de Somosaguas, una de las zonas residenciales más codiciadas de Pozuelo de Alarcón, al noroeste de Madrid. Alberto Casillas, un controvertido activista español, lideró un grupo que irrumpió en la entrada de una vivienda con la intención de «rescatar» a una empleada doméstica venezolana.
Según los protagonistas del video que registró el incidente, Belkis Abreu, una venezolana originaria de Maracaibo, estado Zulia, se encontraba «secuestrada» y sometida a condiciones de esclavitud laboral por parte de su empleadora, identificada como Glorimar Soto Romero, una exjueza venezolana, pareja del empresario venezolano Armando Augusto Francisco Parra Fuenmayor, mismo que ahora se conoce, mantiene una conexión cercana con José Roberto Rincón Bravo, empresario este otro arrestado el viernes 5 de abril en Madrid.
Glorimar Soto Romero y Armando Parra Fuenmayor
De acuerdo con las declaraciones de Casillas y su comitiva en 2019, Abreu llevaba dos meses sin recibir su salario, mientras que eran sus padres en Venezuela a quienes les pagaban por el trabajo de ella en España. Los padres de la empleada, no obstante, solo percibieron una ínfima cantidad, equivalente a unos 50 euros, durante todos los meses de trabajo de Abreu en Madrid.
El grupo liderado por Casillas acudió a la vivienda ubicada en el número 40 de la calle Pinar de Somosaguas con la determinación de «liberar» a Abreu de su supuesto cautiverio. Tras un breve intercambio de palabras, la empleada doméstica finalmente salió de la propiedad, dejando atrás a su empleadora, Glorimar Soto Romero.
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Soto Romero, quien había ejercido como jueza en el estado Zulia, había llegado a España junto a su pareja, el empresario Armando Augusto Francisco Parra Fuenmayor, también oriundo de esa región venezolana y propietario de la empresa Cerámicas Las Mercedes.
Empresarios zulianos bajo sospecha de actuar como testaferros
La detención, el viernes 5 de abril, de José Roberto Rincón Bravo, ha sacado a la luz una serie de conexiones y coincidencias que apuntan hacia una posible red de testaferros y sociedades fachada en suelo ibérico.
José Roberto Rincón y Armando Parra Fuenmayor
Rincón Bravo, oriundo del estado Zulia en Venezuela, comparte varios vínculos con el empresario zuliano residente en España, Armando Augusto Francisco Parra Fuenmayor. Ambos tienen su residencia en el exclusivo municipio de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, y han sido vistos juntos en algunas actividades, como el Campeonato de España de Hamburguesas Burger Combat Gourmets en 2022.
A finales de 2018, solo meses después de la primera detención de Rincón Bravo por cargos relacionados con el blanqueo de capitales, se constituyó la sociedad VOLTZIO AUDIOVISUALES SL. Esta empresa, registrada en la calle Pinar de Somosaguas, número 40, en Pozuelo de Alarcón, presenta varias irregularidades que han encendido las alarmas.
Alberto Casillas en Somosaguas, número 40, Pozuelo de Alarcón
En primer lugar, su dirección coincide con la vivienda donde presuntamente se retuvo a la empleada doméstica venezolana Belkis Abreu en 2019, lo que sugiere que podría tratarse de una dirección residencial más que empresarial. Además, a pesar de estar catalogada como una agencia publicitaria, su administrador único es Andrés Eduardo Cándida Fuenmayor, un joven dedicado a la fabricación de chorizos a través de la empresa «Da Genaro», de la que Cándida Fuenmayor es CEO.
Pero las incongruencias no terminan ahí. En 2019, VOLTZIO AUDIOVISUALES SL registró la marca KI-PACK, destinada a dispositivos de comunicación inalámbricos, aparatos de audio y aparatos de video. Esta actividad parece desviarse, en cierto modo, del giro comercial esperado para una supuesta agencia publicitaria y para alguien que pregona la fabricación de embutidos.
Andrés Cándida Fuenmayor, CEO de «Da Genaro» en España
Las sospechas aumentan al considerar que Armando Augusto Francisco Parra Fuenmayor, pareja de la exjueza venezolana Glorimar Soto Romero, figura como apoderado de VOLTZIO AUDIOVISUALES SL junto a Soto Romero. Curiosamente, tanto Armando Parra Fuenmayor como Andrés Cándida Fuenmayor comparten su segundo apellido, lo que sugiere un posible vínculo familiar entre ambos.
Choricero administra empresa publicitaria: ¿Testaferros de Rincón Bravo?
Un hecho que llama la atención es que Andrés Eduardo Cándida Fuenmayor, administrador único de VOLTZIO AUDIOVISUALES SL, es un joven empresario dedicado desde 2019 a la fabricación de chorizos mediante la compañía «Da Genaro» en Madrid. Esta empresa tiene sus orígenes en Maracaibo, estado Zulia, y fue fundada por su padre, Genaro Antonio Cándida Muolo.
Andrés Cándida Fuenmayor y su padre Genaro Cándida Muolo
Resulta curioso que un activo choricero administre una empresa publicitaria con una marca registrada de equipos de audio y video, con domicilio en una zona residencial.
Estas coincidencias y vínculos despiertan sospechas sobre si Parra Fuenmayor y Cándida Fuenmayor han podido estar actuando como testaferros de Rincón Bravo. Más aún considerando que el inicio de la actividad comercial de ambos empresarios en España coincide en tiempo con el comienzo de los problemas judiciales de Rincón Bravo en suelo ibérico.
Embutidos de Da Genaro en establecimiento madrileño
Da Genaro: un legado choricero con raíces zulianas
En el bullicioso Mercado de Maravillas, en el corazón de Madrid, un puesto de charcutería llamado «Pa Que El Maracucho» se ha convertido en centro de atención. Uno de los proveedores de Pa Que El Maracucho» es la fábrica choricera «Da Genaro», fundada en Maracaibo, estado Zulia, en 1983. Originalmente conocida como «San Genaro II», la Carnicería Da Genaro se convirtió en un ícono en su tierra natal.
Tras mudar sus instalaciones a un local más amplio en 2001, «Da Genaro» comenzó a expandir su presencia en el mercado zuliano, en Venezuela. Sin embargo, nadie podría haber previsto que su legado choricero terminaría desembarcando en las calles de la capital española y siendo utilizado para la preparación de choripanes, una suerte de hamburguesa con chorizo, que no está claro si también han llegado a competiciones como la Burger Combat Gourmets en 2022, a la que asistieron como espectadores Roberto Rincón Bravo y Armando Parra Fuenmayor.
En 2019, Andrés Eduardo Cándida Fuenmayor, un joven empresario venezolano, decidió llevar la tradición de «Da Genaro» a Madrid. Desde entonces, los chorizos de la marca han encontrado un nicho en diversos establecimientos de la ciudad, incluyendo la mencionada «Pa Que El Maracucho» en el Mercado de Maravillas.
Andrés Cándida Fuenmayor (der.) en la charcutería y víveres «Pa Que El Maracucho», en el Mercado de Maravillas
Sin embargo, lo que parecía ser una simple expansión comercial ha tomado un giro inesperado al revelarse que Andrés Cándida Fuenmayor es el administrador único de VOLTZIO AUDIOVISUALES SL, una empresa ahora bajo sospecha, annte la trama de blanqueo de capitales protagonizada por el empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo.
Represalias tras polémica liberación
En los días posteriores al revuelo generado por el «rescate» en Somosaguas de la empleada doméstica venezolana Belkis Abreu, de manos de su compatriota y empleadora, la exjueza Glorimar Soto, las advertencias no se hicieron esperar. Adriana Camacho, exesposa del empresario Armando Parra, quien años atrás interpuso contra él denuncias por violencia contra la mujer y logró medidas de protección en Venezuela, alzó la voz en 2019 para denunciar los presuntos peligros que enfrentaban los involucrados en el incidente.
Desde su residencia en Venezuela, Camacho manifestó su convicción de que Belkis Abreu, la empleada doméstica en cuestión, «hacía bien en temer por el bienestar de su familia». Según la exesposa, el riesgo era real, pues si Parra y su nueva pareja, la jueza Glorimar Soto Romero, «emplearon medidas de intimidación» contra ella, quien es la madre de los hijos de Parra, no cabía duda de lo que serían capaces de hacer con personas ajenas al círculo familiar.
Las acusaciones de Camacho se remontaron a un conflicto previo con Parra en Venezuela, por el control de Cerámicas Las Mercedes, en el que alegó que la exjueza Soto Romero, reconocida por su amistad con figuras del chavismo venezolano como el magistrado Calixto Ortega, o los exgobernadores del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas y Omar Prieto, «utilizó todas sus influencias en la política para avanzar en un proceso legal plagado de irregularidades».
Más allá de Abreu, Camacho también expresó su preocupación por la seguridad de Alberto Casillas, el activista español que lideró el «comando justiciero» que irrumpió en la vivienda de Soto Romero para «liberar» a Abreu. La exesposa advirtió que, dada la presunta cercanía de la jueza con figuras del chavismo venezolano, ni Casillas ni Abreu estaban a salvo.
Las inquietudes de Camacho encontraron eco en las declaraciones de varios socios del Lago Maracaibo Club, un conocido círculo social donde Soto Romero y Parra solían frecuentar cuando se encontraban en Venezuela. Estos individuos respaldaron las advertencias sobre posibles represalias contra los involucrados en el incidente, que concluyó con querellas mutuas en juzgados madrileño entre Alberto Casillas y la exjueza Soto Romero.
Glorimar Soto Romero y Armando Parra durante actividad artística en Maracaibo, Venezuela
Por su parte, Soto Romero negó rotundamente cualquier intención de causar daño a las familias de Abreu o de cualquier otra persona. La jueza aseguró que su única acción legal fue contra Casillas, por haber supuestamente atacado su honor e imagen pública.
No está claro si José Roberto Rincón mantuvo algún tipo de sociedad previa con Parra en Cerámicas Las Mercedes.
¿Blanqueo sobre ruedas con AST Competition en la Renault Clio Cup Series?
Pero lo anterior no es lo único que ha distinguido a José Roberto Rincón en años recientes en España. Para entender parte de sus actividades, debemos sumergirnos en una historia que combina la adrenalina del automovilismo con los entresijos de una compleja trama empresarial. Rincón Bravo, quien enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto blanqueo de capitales provenientes de tramas corruptas en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ha estado representando y patrocinando la actividad de pilotos automovilísticos en España, según revelan fotografías y datos recientes a los que hemos tenido acceso.
Adrián Schimpf y José Roberto Rincón
Rincón Bravo se ha involucrado particularmente con el equipo AST Competition, que participa en la Renault Clio Cup Series, una serie de carreras monomarca creada y gestionada por Alpine Racing. El empresario se ha ocupado de las carreras de los hermanos españoles Adrián y Alejandro Schimpf, destacados pilotos del equipo.
Celebraciones en el podio y entrenamientos junto al equipo
En múltiples ocasiones, el venezolano José Roberto Rincón Bravo ha compartido el podio de campeones junto a los hermanos Schimpf, como representante de AST Competition. Tal fue el caso en el año 2023, cuando Adrián Schimpf se coronó campeón Europa challenge, campeón España y campeón España challenge. Similar compañía la brindó Rincón Bravo a los pilotos en 2022.
José Roberto Rincón Bravo (izq.) en premiación de la Clio Cup Series junto a uno de los hermanos Schimpf
José Roberto Rincón Bravo (izq.) en premiación de la Clio Cup Series al lado de Schimpf
Además de celebrar los triunfos del equipo, Rincón Bravo ha sido visto acompañando a los pilotos en entrenamientos y competiciones, lo que evidencia su cercana relación con AST Competition y su compromiso con el patrocinio de la escudería.
José Roberto Rincón Bravo (izq.) en premiación de la Clio Cup Series junto a uno de los hermanos Schimpf (tercero de izquierda a derecha)
José Roberto Rincón Bravo (a la izquierda sosteniendo una prenda vestir en la mano)
José Roberto Rincón Bravo (segundo de derecha a izquierda)
José Roberto Rincón Bravo (segundo de derecha a izquierda)
La Copa Nacional Renault, de la cual forma parte la Clio Cup Series, es el campeonato de carreras en circuitos de velocidad más longevo de España. Inaugurado en 1969, aprovechando los inicios del emblemático Circuito del Jarama, el certamen fue organizado durante gran parte de su trayectoria por FASA-Renault y Renault Sport España. Gracias a la labor de Vline, Codony Sport y Driveland Events, el campeonato logró mantenerse activo.
¿Una vía para el blanqueo?
La participación de José Roberto Rincón Bravo como patrocinante y representante de AST Competition en la Renault Clio Cup Series deja en el aire la interrogante sobre si el empresario, señalado por presunta legitimación de capitales provenientes de transacciones corruptas en la industria petrolera venezolana, ha encontrado en las competiciones automovilísticas una vía adicional para el blanqueo.
Corresponde ahora a las autoridades españolas investigar a fondo estos y otros intríngulis relacionados con la trama que involucra a Rincón Bravo, a fin de esclarecer si su incursión en el automovilismo y posiblemente en emprendimientos de personas asociadas a él, forman o no parte de una estrategia para la ocultación de fondos de origen presumiblemente ilícitos.
Por El Publique