Es absolutamente urgente poner atención al proceso en curso, simultáneo a la lucha que María Corina Machado, Corina Yoris y buena parte de la oposición democrática están dando para mantener vivo el propósito de participar en condiciones justas, en las elecciones presidenciales previstas para este año. Nadie puede obviar que este no es un objetivo restringido a los sectores políticos: la lucha electoral es expresión de un deseo neto de la sociedad venezolana. Una necesidad y una causa casi unánimes. El país clama con desesperación por un cambio y tiene en las elecciones democráticas sus mayores expectativas. No como una concesión sino porque es su derecho vital y constitucional.
Pero mientras eso ocurre en el plano más visible de la escena política -la lucha electoral-, en un segundo plano se está produciendo el más perverso y aborrecible proceso: el régimen ha decidido perpetuarse en el poder estableciendo un Estado de Terror Total. No ya siguiendo las directrices de Cuba o Nicaragua, sino atendiendo a un modelo mucho más atroz: el del silenciamiento absoluto y permanente de toda forma de resistencia, disidencia u oposición, en alguna medida semejante al que impera en China o en Corea del Norte.
Me apresuro a organizar mis argumentos en tres partes. Con ello me propongo despejar la posible percepción de que mis afirmaciones son exageradas.
Primera evidencia del Estado de Terror Total: la campaña de secuestros, desapariciones forzadas, torturas de los detenidos para obtener falsas confesiones y, a partir de ellas, fabricar expedientes con los cuales liquidar a la oposición democrática.
Este es el modus operandi con que el régimen está destruyendo al partido político liderado por María Corina Machado, Vente Venezuela, con el que, además, se pretende involucrarla con actividades delictivas. El día que escribo este artículo, jueves 4 de abril, desde fuentes del propio gobierno (aterrorizados con lo que está sucediendo, porque cualquier mínima protesta podría conducir a la prisión y a la tortura a los propios chavistas) advierten que lo que lucía imposible podría ser inminente: la detención de María Corina Machado, candidata presidencial y jefa política de la oposición democrática. Ese paso representaría el fin, no solo el fin del Acuerdo de Barbados, sino también de cualquier salida a la crisis venezolana en el corto plazo.
La segunda evidencia de la implantación del Estado de Terror Total se ha denunciado, pero no con la fuerza y los decibeles que la gravedad del caso demanda: me refiero a las acciones extraterritoriales, ilegales y violatorias de la soberanía de otras naciones, que los agentes del régimen han perpetrado en Chile y Colombia, en contra de militares en situación de exilio.
Lo ocurrido en Chile rebasa toda tolerancia: delincuentes contratados por el régimen secuestraron y asesinaron a un joven militar. No menos siniestro es lo sucedido en Colombia: miembros de la guerrilla colombiana, asociados a integrantes de la banda delincuencial El Tren de Aragua, capturaron a un militar que se había fugado hacia ese país y lo entregaron a una unidad perteneciente a la organización criminal del Estado, la Dirección General de Contrainteligencia Militar -DGCIM-. Producto de esa misma alianza entre organizaciones criminales oficiales (ELN, DGCIM y Tren de Aragua comparten un mismo sustrato mental), intentaron secuestrar a un estudiante exiliado, que logró escapar de sus captores.
¿Hay que añadir algo más a estos dos grupos de hechos, para demostrar, sin lugar a dudas, que el Estado de Terror Total ha comenzado a operar sin el menor pudor, rompiendo incluso los límites que impone la soberanía de otras naciones del continente? ¿Hay que añadir que las actividades de espionaje del régimen en otros países se está produciendo no sólo en América Latina y Estados Unidos, sino también en Europa, actividad sobre la que puedo testificar de forma directa?
La tercera evidencia, que está estrechamente relacionada con las anteriores, es la Ley Contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, el nuevo instrumento con el que el régimen se propone dar forma final al Estado de Terror Total y que no consiste en otra cosa que el establecimiento de una realidad social, política y mediática, de silenciamiento absoluto de toda forma de disidencia, protesta, crítica, denuncia o reclamo contra el régimen.
Debe quedar en claro lo siguiente: su alcance es total. Nadie en Venezuela puede estar tranquilo pensando que la ley amenaza a políticos y periodistas, y que el resto de la sociedad está exonerada. No.
Lo que la ley hace es imponer un calificativo universal -no importa cuán desatinado o irracional sea el uso de las categorías de Fascismo o Neofascismo-, que puede atribuirse del modo más indiscriminado. Esa ausencia de nitidez es deliberada. Pero hay más: es en la incierta fórmula “Expresiones Similares”, donde se hace todavía más evidente la intención: envolverlo todo y a todos: cualquier conversación que suponga un señalamiento al gobierno, un chiste en una red social, la protesta de cualquier empleado público, una denuncia sobre el mal funcionamiento de cualquier oficina del Estado, puede conducir al ciudadano a un tribunal, a un secuestro, a una desaparición forzosa o a una de las jaulas de las que disponen los torturadores en distintas partes del territorio. Ya hay antecedentes: a un ciudadano lo pusieron preso por señalar el disparate de Maduro cuando comparó a Coro con Chicago. Esto significa que hemos ingresado en una nueva fase de la dictadura: la del dictador que exige solo elogios y aplausos. Como Ortega, Xi Jinping o Kim Jong-un.
Tengo que repetirlo en el párrafo final de este artículo: ojalá la sociedad venezolana alcance a percatarse de la amenaza que se levanta contra cada persona, solo por el hecho de opinar o pensar diferente. Peor: por pensar en cuestiones como la libertad, el progreso, la posibilidad de un futuro digno.