El 2 de julio de 2021, Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de FundaRedes, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La ONG ha denunciado que su arresto preventivo sobrepasa los límites establecidos en las leyes venezolanas, pues ya tiene tres años en El Helicoide sin condena de un tribunal. Tarazona, quien padece de 10 enfermedades, ha visto su salud deteriorarse debido a las condiciones de su detención.
El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 230 que una medida de coerción personal (prisión preventiva) «en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años». A juicio de FundaRedes, este proceso penal se ha convertido en un castigo anticipado, «una pena que se impone antes de que se haya demostrado su culpabilidad».
La audiencia preliminar de Tarazona se ha diferido en 14 oportunidades, y su juicio se ha interrumpido en otras tres ocasiones, la última de ellas por el cambio de competencias del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo de Caracas. El lunes 1 de julio se tenía prevista la continuación del juicio, pero el tribunal se encontraba sin despacho, según la notificación que había recibido la defensa.
La ONG ha insistido en que el proceso ha estado «plagado de irregularidades e inconsistencias», lo que «deja en evidencia la violación sistemática a sus derechos fundamentales». «Es inaceptable que el Estado venezolano utilice tácticas dilatorias para prolongar la detención no solo de Javier Tarazona, sino de todos aquellos ciudadanos que se encuentran privados de libertad por razones políticas y de pensamiento», señaló Clara Ramírez, directora encargada de la ONG, durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Quién es Javier Tarazona?
Javier Tarazona es profesor universitario con un postdoctorado en Educación. En 1997, formó parte del grupo fundador de FundaRedes, organización dedicada a la documentación de violaciones de derechos humanos en Venezuela, enfocándose en la victimización de mujeres en estados fronterizos y la presencia de grupos armados irregulares.
Antes de su detención, Tarazona fue amenazado y hostigado en múltiples ocasiones. Desde marzo de 2021 hasta su detención, denunció activamente el conflicto armado entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC en la frontera del estado Apure con Colombia, ante la falta de datos oficiales.
Tarazona fue detenido arbitrariamente a la salida del Ministerio Público de Coro, estado Falcón, donde había interpuesto una denuncia y solicitado medidas cautelares ante la persecución de la que era víctima. Junto a él, funcionarios del Sebin detuvieron a su hermano José Rafael Tarazona y al activista Omar de Dios García.
El grupo de defensores fue trasladado a la sede del Sebin El Helicoide y presentado en tribunales por los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Rafael Tarazona y García fueron excarcelados con medidas cautelares de presentación el 26 de octubre de 2021 debido a complicaciones médicas presentadas por contagiarse de covid-19.
Situación médica y denuncias de torturas
Javier Tarazona, que padece de diabetes, hipertensión y problemas circulatorios, entre otras patologías, ha sido denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la Organización Mundial contra la Tortura y otras organizaciones internacionales, que han solicitado su liberación inmediata y plena.
En diciembre de 2023, el director de FundaRedes denunció en una audiencia de juicio las torturas a las que fue sometido durante los primeros meses de su detención en El Helicoide. «Me pegaban golpes, patadas. No podíamos ver el sol. No teníamos agua potable. Nos hacían orinar y defecar en los recipientes donde comíamos», relató Tarazona en tribunales. Además, aseguró que permanece detenido porque lo «quieren silenciar».
Ninguna de sus denuncias ha sido atendida debidamente por el nuevo tribunal. La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que cualquier funcionario que tenga conocimiento de estos delitos debe notificar a la Defensoría del Pueblo en un plazo no mayor a 48 horas. Los funcionarios que incumplan esto pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).