Amnistía Internacional (AI) ha advertido sobre la baja cantidad de venezolanos reconocidos como refugiados en Colombia hasta junio de este año, en comparación con el número total de migrantes en el país andino.
AI señala que aunque las personas que solicitan el estatus de refugiado están protegidas contra la deportación a su país de origen, no tienen derecho a trabajar, lo que dificulta su supervivencia en el país. Esta información se encuentra en el informe «Regularizar y Proteger: Obligaciones Internacionales de Protección de Personas Venezolanas».
Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V), Colombia es el país que alberga la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos. La Plataforma R4V estima que hay alrededor de 2.477.588 personas venezolanas en Colombia. Sin embargo, según el Migration Policy Institute, esta cifra podría llegar a 2.894.593, lo que representa el 40% de las personas venezolanas refugiadas en América Latina y el Caribe, y el 93% de las personas extranjeras en Colombia.
De este total, solo 47.796 personas venezolanas han solicitado asilo entre 2016 y 2022, y solo se han otorgado 1.367 solicitudes. Sin embargo, en 2021 se estableció el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), al que hasta octubre de 2022 habían accedido 1.627.005 personas. Este estatuto brinda a los venezolanos un estatus migratorio regular por 10 años, les permite trabajar y acceder a servicios de salud y educación.
Sin embargo, AI señala que existe ambigüedad en cuanto a la protección que ofrece este programa en relación con la deportación de las personas venezolanas a su país de origen, donde existen riesgos para su integridad y otros derechos. Además, las exigencias documentales y las limitaciones de fecha para inscribirse en el ETPV han excluido a un gran número de personas.
La organización también lamenta las demoras en el proceso de acceso al estatuto, que superan un año, y el rechazo de personas que han sido sancionadas por infracciones no penales antes de inscribirse en el ETPV. Además, AI expresa preocupación por los informes de personas obligadas por funcionarios a renunciar al ETPV debido a una solicitud de asilo pendiente, lo que deja a los venezolanos desprotegidos.
Amnistía Internacional recomienda al Gobierno colombiano garantizar el derecho de todos los venezolanos a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiados, incluido el acceso efectivo y sin demoras al procedimiento. También pide garantías para que los venezolanos no sean deportados forzosamente y que se respete el principio de no devolución en todas las circunstancias. Asimismo, sugiere que todos los venezolanos puedan solicitar tanto el acceso al ETPV como el asilo, sin que el Estado los presente como excluyentes.