El centro de pensamiento conocido como Laboratorio de Paz ha denunciado recientemente que la propuesta de ley en Venezuela, que supuestamente busca combatir el fascismo y el neofascismo, en realidad tiene como objetivo principal la represión y penalización de la oposición política y la disidencia.
Según el análisis realizado por esta organización, esta norma, que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional en 2020, representa un retroceso en términos de derechos humanos y un deterioro del espacio cívico en el país.
El proyecto de ley, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, consta de 4 capítulos y 30 artículos. Establece «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo frente a agresiones de carácter fascista».
Sin embargo, el Laboratorio de Paz ha señalado que las definiciones amplias y arbitrarias de fascismo y neofascismo incluidas en esta ley podrían permitir la criminalización de cualquier forma de oposición. Además, se critican las medidas que restringen la libertad de expresión y la actividad política, como la prohibición de mensajes considerados fascistas y la disolución de organizaciones que promueven ciertas ideologías.
Otra preocupación importante es la retroactividad de la ley, que busca penalizar conductas pasadas. Esto podría utilizarse para perseguir a personas y grupos que hayan participado en protestas opositoras anteriores.
Ante esta situación, el Laboratorio de Paz ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que intervengan y eviten la promulgación definitiva de esta propuesta de ley. Se insta a garantizar el respeto a la libertad de expresión, reunión y asociación en el país, así como a proteger los derechos de la oposición política y de la sociedad civil. Es necesario que los organismos con mandato en la protección de los derechos humanos realicen todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar la promulgación definitiva de esta propuesta, según destaca la organización.
Es fundamental que se tomen medidas para salvaguardar los derechos fundamentales en Venezuela y evitar que esta ley tenga un impacto negativo en los derechos humanos y el espacio cívico en el país.