Amnistía Internacional cuestionó arremetida del gobierno a primarias: «Es una muestra más de la política de represión»

0
193

Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en contra de las elecciones primarias de la oposición llevadas a cabo el 22 de octubre. Según AI, estas acciones son un ejemplo más de la política represiva del gobierno venezolano.

Ana Piquer, directora para las Américas de AI, afirmó en un comunicado que «las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos».

La organización internacional considera que las acciones tomadas por el Ministerio Público (MP), que abrió una investigación penal sobre el proceso electoral opositor y sus organizadores, «levantan la alarma sobre posibles detenciones arbitrarias, que han sido ampliamente denunciadas».

AI advierte que esta política represiva no es nueva y hace un llamado a la comunidad internacional para que no bajen la guardia en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Según Piquer, «el gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno».

La organización destaca que instancias internacionales como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, es necesario un escrutinio que impida una nueva escalada de crímenes y violaciones de derechos humanos.

Además, AI recuerda que en septiembre presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertaba sobre el uso de inhabilitaciones como mecanismo para evitar que los opositores políticos se presenten a cargos de elección popular.

En las primarias de la oposición, la exdiputada María Corina Machado resultó ganadora con el 92,35% de los votos. Sin embargo, el Tribunal Supremo emitió una sentencia suspendiendo los «efectos» de este proceso electoral. Machado tiene una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015, que recientemente fue extendida hasta 2030. Esto significa que no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las elecciones presidenciales de 2024, a menos que se levante la sanción en su contra.