Amnistía Internacional ha emitido un informe denunciando el aumento de las detenciones arbitrarias en Venezuela como una táctica para reprimir a la disidencia y silenciar a aquellos percibidos como contrarios al régimen de Nicolás Maduro. Según el informe, personas involucradas en protestas sociales, pueblos indígenas y otros grupos han sido sometidos a violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias. La organización señaló que estas prácticas represivas deben ser objeto de atención por parte de la comunidad internacional, y se debe exigir una mayor rendición de cuentas.
Con información de Infobae
Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas estiman que actualmente hay alrededor de 300 personas detenidas por motivos políticos en el país. Además, se han registrado miles de casos de personas que han sido temporalmente detenidas y que ahora enfrentan restricciones a su libertad, como prohibición de salir del país o medidas de presentación periódica ante los tribunales. Según el Foro Penal, desde 2014 se han producido más de 15,700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela.
Amnistía Internacional también señaló que estas detenciones arbitrarias tienen como objetivo silenciar a quienes denuncian irregularidades, injusticias y corrupción por parte del régimen de Maduro. Los activistas, defensores de los derechos humanos y cualquier persona que denuncie las acciones del gobierno están en riesgo. La organización destacó que tanto las organizaciones de la sociedad civil como los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han documentado y denunciado estas detenciones arbitrarias como parte de una política represiva, y han pedido que se investiguen como posibles crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional también hizo hincapié en el uso de detenciones arbitrarias para reprimir la protesta social en Venezuela. La mayoría de las protestas en el país están relacionadas con reclamos de derechos económicos, sociales y culturales, como condiciones de vida dignas, salarios justos, vivienda y servicios básicos. La organización denunció el aumento de las detenciones arbitrarias contra trabajadores sindicalizados y destacó casos específicos de sindicalistas detenidos, como Rubén González y Guillermo Zárraga.
En relación a los ataques a sindicalistas de «Siderúrgica del Orinoco» (SIDOR), Amnistía Internacional informó que, durante una protesta pacífica de trabajadores de la empresa, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron a Leandro Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS). Aunque Cabrera fue liberado horas después, se desconoció el paradero de Azócar y Romero durante ocho días, lo que podría constituir una desaparición forzada. Finalmente, se informó que habían sido trasladados a la capital, Caracas, y se encontraban detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta. Amnistía Internacional resaltó que este centro de detención ha sido denunciado por organismos internacionales por los patrones de tortura a los que son sometidas las personas allí recluidas.
Amnistía Internacional concluyó que estas detenciones arbitrarias, así como otras violaciones de derechos humanos, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela y deben ser investigadas como posibles crímenes de lesa humanidad. La organización destacó la necesidad de que la rendición de cuentas sea liderada por mecanismos de justicia internacional, como la Corte Penal Internacional o la jurisdicción universal por parte de terceros Estados. Además, resaltó que estas detenciones arbitrarias tienen como objetivo amedrentar a comunidades enteras y mantener un orden social en el que las autoridades puedan actuar impunemente.