La trata de personas en cualquiera de sus modalidades es un problema que aqueja a todo el mundo y ningún país está exento de este delito, según afirma la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El tráfico de personas es una de ellas, en donde los delincuentes sin escrúpulos se aprovechan de las necesidades de otros para explotarlos. Ellos parecen personas comunes, están en todos lados, hasta que la justicia llega, como pasó en Estados Unidos con el arresto de dos mexicanos.
La Opinión
Desde el pasado mes de septiembre el FBI y la policía de Hartford hablaron con alrededor de 10 mexicanos que informaron la forma en que llegaron a Estados Unidos y de cómo el sueño americano se convirtió en pesadilla, dando detalles de la manera en que operaban María Del Carmen Sánchez Potrero, de 69 años, también conocida como María Carmela Sánchez, y Apolinar Francisco Paredes Espinoza, de 56 años, también conocido como “Pancho”.
De acuerdo con un comunidado emitido por las autoridades locales, las dos personas fueron arrestadas el pasado 1 de marzo, acusadas de conspirar para el contrabando, transportar y albergar o inducir a extranjeros a ingresar a Estados Unidos, por lo que la pena a enfrentar es de 10 años. También están acusados de tráfico de mano de obra y por extorsión, delitos que se castigan con 20 años de prisión.
Tal como operan otras mafias dedicadas al tráfico de personas, los detenidos llevaban desde México a Estados Unidos a los migrantes mostrándoles documentos falsos de residencia. Una vez que cruzaban la frontera y se reunían con ellos, eran instalados en el hogar de Sánchez, donde se les mostraba una cuenta de 30,000 dólares con intereses, además de que debían pagar el alquiler, la comida, el gas y los servicios públicos.
Cabe señalar que antes las personas ya habían hecho pagos de entre 15,000 a 20,000 dólares por cruzar la frontera, los cuales pagaban al llegar a Estados Unidos. Además, la mayoría tuvo que entregar títulos de propiedad antes de salir de México.
La estancia de los inmigrantes en Connecticut fue más difícil de lo que creyeron, una vez allí los obligaron a trabajar y los amenazaron con hacerles daño si no pagaban tarifas, intereses y otros gastos de manutención exorbitantes, según el fiscal federal. En ocasiones la mujer los hacía hacer quehaceres domésticos sin remuneración económica ni abono para la deuda.
Además, según refirieron los afectados, Sánchez rara vez les mostraba el tabulador de su deuda, por lo que desconocían cómo iba, cuánto habían abonado y vivían casi esclavizados sin conocer su situación financiera.