Aún no han autorizado visita del cónsul español en Venezuela a Rocío San Miguel

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El cónsul español en Venezuela, Marcos Rodríguez Cantero, está a la espera de la aprobación para visitar a Rocío San Miguel, quien se encuentra recluida en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según fuentes cercanas al diplomático, el sábado pasado acompañó a Miranda Díaz y a su padre Víctor Díaz Paruata al centro de detención para comprobar el estado de la defensora de derechos humanos, quien también posee nacionalidad española. Sin embargo, hasta el momento no se ha autorizado la visita de Cantero.

Además, el cónsul también se dirigió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) junto a los familiares de Alejandro González, exesposo de la defensora de derechos humanos, quien también fue detenido.

Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue arrestada el viernes 9 de febrero junto con varios familiares, incluida su hija. Se le acusa de traición a la patria, terrorismo y asociación.

Por su parte, González ha sido imputado por revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad nacional.

El Ministerio Público ha afirmado que ambos están vinculados con la Operación Brazalete Blanco, la cual supuestamente tenía como objetivo atentar contra Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios.

Se espera que el 22 de febrero se celebre una nueva audiencia para San Miguel y González. En ese día se espera que se acepte el registro de los abogados elegidos libremente por los detenidos.

Numerosas organizaciones han condenado el arresto de la activista. A través de diferentes mensajes, han expresado su preocupación y han exigido al gobierno de Venezuela que respete sus derechos.

Algunas de las organizaciones que han rechazado esta detención incluyen la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

Como respuesta a estas críticas, el gobierno de Venezuela ha anunciado la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas.