Carlos Julio Rojas denuncia que Dgcim busca «sembrarlo» para detenerlo

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El periodista Carlos Julio Rojas ha denunciado públicamente que supuestamente la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaría planeando su detención. Según alertó a través de su cuenta de Twitter, el órgano policial estaría tratando de vincularlo a hechos irregulares con el objetivo de justificar su arresto. Rojas hizo hincapié en que los luchadores sociales no son criminales y llamó al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas al respecto.

Cabe destacar que en el año 2017, Carlos Julio Rojas estuvo detenido durante 45 días en la cárcel de Ramo Verde, siendo acusado de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos personales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Sin embargo, tras varias audiencias y la revisión de actas militares, se demostró que se trataba de un caso de orden público y no de delitos militares.

Es importante resaltar que Rojas es el primer periodista venezolano en ser sentenciado por delitos militares en el país. En el caso que se le imputó, solo hubo testimonios de presuntos testigos, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de las acusaciones en su contra.

En otro incidente relacionado con la Dgcim, una comisión de esta entidad, en conjunto con la Guardia Nacional, llegó a la casa de una mujer de 65 años y tres niñas menores de edad en el sector Las Garzas, parroquia Unare, de Puerto Ordaz. Al parecer, la comisión buscaba allanar la vivienda del presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar (Futseb), Bladimir Tremaría, sin contar con una orden judicial para el allanamiento.

Tremaría lleva detenido 50 días desde su captura por parte de la Dgcim al salir de una cancha deportiva en Dalla Costa, siendo posteriormente trasladado a Caracas. Durante la operación en la casa de Tremaría, se encontraba la madre del dirigente, Marisela Tazama, junto a las tres niñas menores. El abogado de Tremaría, José Gregorio Bera, llegó al lugar para garantizar el debido proceso y proteger los derechos humanos de los menores y de la progenitora del dirigente sindical.