Según las estadísticas actualizadas del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones, al menos 187 venezolanos han muerto o desaparecido desde 2014 en las rutas migratorias hacia las islas del Caribe. Sin embargo, estas cifras son solo una parte de las tragedias que ocurren en el continente, ya que se estima que 8.543 migrantes han perdido la vida o están desaparecidos.
El informe revela que la mayoría de estas tragedias ocurren en la frontera entre México y Estados Unidos, donde 4.852 migrantes han perdido la vida o están desaparecidos. Además, 503 personas han perdido la vida en el Caribe mientras intentaban llegar a Estados Unidos, 342 en la región del Darién, que limita con Colombia, y 328 en el cruce marítimo de República Dominicana a Puerto Rico. Otros 64 migrantes viajaban desde Haití hacia República Dominicana y 17 en travesías por el Caribe hacia Centroamérica.
En lo que va de año, se han registrado 1.078 muertes o desapariciones de migrantes en América, incluyendo a 74 menores de edad. Aunque estas cifras son preocupantes, el informe señala que son inferiores a las registradas en 2022, que fue el año más mortífero con 1.457 víctimas. A pesar de esto, las tragedias en el cruce del Mediterráneo continúan en aumento.
En cuanto a los años estudiados, 2022 se posiciona como el más trágico en las rutas migratorias americanas, seguido de 2021. Por el contrario, 2014 fue el año con menos víctimas.
La región de las Américas se caracteriza por tener flujos migratorios mixtos y complejos, tanto dentro de la región como desde fuera de ella. Entre las personas que migran, se encuentran refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y visitantes temporales, entre otros. Los factores que impulsan la migración son diversos e incluyen desastres naturales, violencia estructural, pobreza y desigualdad.
Estas cifras son un recordatorio de la necesidad de abordar los desafíos y riesgos que enfrentan los migrantes en su búsqueda de una vida mejor. La protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, deben ser una prioridad para los países de la región.