CNP y SNTP rechazaron orden de captura contra Sebastiana Barráez

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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresaron su rechazo a la orden de captura emitida por el Ministerio Público contra Sebastiana Barráez, acusada de estar involucrada en planes conspirativos.

El CNP, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la orden de detención es una maniobra recurrente de las altas esferas del poder para criminalizar el ejercicio periodístico.

Por su parte, el SNTP condenó la criminalización de Barráez y la persecución judicial como una forma de censura y atentado contra su libertad e integridad. Destacaron que Barráez es una reconocida periodista que ha investigado temas relacionados con la fuente militar y fronteriza.

Además de Barráez, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció órdenes de captura contra la defensora de derechos humanos Tamara Suju, así como contra Wender Villalobos, Norbey Marin, Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, todos ellos acusados de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa, terrorismo y asociación.

Según Saab, Angelo Heredia, un exmilitar detenido el pasado 16 de enero en Táchira, estaba involucrado en un presunto plan para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal.

Estas órdenes de captura se dan en un contexto en el que el chavismo ha intensificado sus ataques contra las ONG. Un proyecto de ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional busca imponer multas de hasta 12.000 dólares a las organizaciones que no se registren en una entidad de control propuesta o que no declaren la identidad y procedencia de sus donaciones.

Diosdado Cabello, diputado y primer vicepresidente del partido gobernante PSUV, ha adelantado que la ley será severa y ha acusado a la mayoría de las ONG de conspirar.

Ante esta situación, 236 organizaciones emitieron un comunicado advirtiendo que este proyecto de ley representa una amenaza para la celebración de elecciones justas, seguras y libres, incluyendo las presidenciales de este año. Aseguran que la ley suprime el espacio cívico y el derecho de asociación, lo cual afecta profundamente las condiciones para el próximo proceso electoral en el país.