Sin mucho ruido en Colombia, a partir de este miércoles está al aire la aplicación Movilidad Segura (movilidadsegura.org), la puerta de entrada a la estrategia con la que Washington pretende evitar que decenas de miles de migrantes irregulares -por ahora de Venezuela, Cuba y Haití- lleguen a su frontera sur para tratar de entrar por «el hueco», y en vez de eso se queden en el territorio nacional para tramitar desde Colombia un eventual permiso de ingreso a EE. UU.
Con información de El Tiempo
Aunque hace apenas una semana la vicecanciller Elizabeth Taylor Jay le había dicho a la Agencia Efe que el arranque del programa de Oficinas de Movilidad Segura para Migrantes era «un tema sobre el que no hay ningún tipo de definición y se está discutiendo», lo cierto es que desde el miércoles se habilitó la plataforma, que será administrada por la OIM y Acnur y que según advierten las autoridades migratorias de EE. UU solo aplica para «personas cubanas, haitianas y venezolanas que se encontraban legalmente presentes en Colombia antes del 11 de junio de 2023».
«Si cumple con los requisitos, es posible que pueda viajar a Estados Unidos. Todas las decisiones finales sobre el ingreso a Estados Unidos son tomadas por las autoridades estadounidenses», señala la aplicación, que advierte en todo caso que «no todas las personas solicitantes calificarán o se beneficiarán del programa».
Expertos en asuntos migratorios consultados por este diario aseguran que garantizar las condiciones de seguridad y la manutención de miles de migrantes que apliquen a las visas será un reto, a pesar de que Estados Unidos asegura que correrá con todos los gastos logísticos. Entre otras razones porque hoy esas personas que tratan de pasar a Panamá y de allí a México permanecen en promedio de 15 días en Colombia, lo que tarda su trayecto por tierra hasta Urabá. Ahora esa estadía duraría al menos 3 meses. «¿Y qué va a pasar con la mayoría, que son los que no van a clasificar al beneficio?», pregunta una de las fuentes.
Aunque la plataforma está habilitada, hasta ahora no hay definición acerca de dónde estarán los puntos físicos de atención a los migrantes. Estados Unidos pretende que sean cuatro, repartidos por el territorio colombiano, pero el gobierno está pensando en uno solo. Fuentes cercanas a la negociación le dijeron a EL TIEMPO que ya varios alcaldes le han dicho no a la posibilidad de tener esos puntos en su territorio.
¿La razón? Según lo anunciado, en un plazo de 90 días deberían resolverse las peticiones, pero la posibilidad de que ese plazo sea mayor es latente.
«Una migración irregular que hoy es de tránsito se le va a volver permanente al país: el punto es si realmente estamos preparados para atender a esas miles de personas que están en condiciones de vulnerabilidad y que se sumarán a los venezolanos que salieron de su país por la diáspora», afirma un funcionario judicial que trabaja en la protección de los derechos humanos de los migrantes en Colombia.
Washington señaló el miércoles que ningún colombiano será atendido en esos puntos, en lo que constituyó la formalización de un anuncio hecho hace dos semanas y que ha generado polémica, pues cuando se formalizó el acuerdo entre el gobierno de Petro y la administración Biden se dijo lo contrario.
«Bogotá le había pedido a Biden que sus ciudadanos pudieran aplicar al Estatus de Protección Temporal, que amplía los beneficios migratorios para los habitantes de países afectados por conflictos o catástrofes. Washington se negó, pero a cambio accedió a entregar anualmente 25.000 visas de reunificación familiar.
Colombia hace parte del grupo de tres países latinoamericanos que llegaron a un acuerdo con Estados Unidos para abrir lo que inicialmente se llamó Centros de Procesamiento para Migrantes. También se abrirán en Guatemala -pero allí solo se atenderán nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos- y en Costa Rica, que será un filtro para migración venezolana y nicaragüense ingresada antes del 12 de junio.
La estrategia, que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU (DHS, por sus siglas en inglés) calificó de histórica, según Washington busca «reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales desde las Américas».
Aunque analistas coinciden en que es una iniciativa positiva, señalan que su efectividad dependerá del mecanismo que se utilice para la atención y sobre todo a qué tipo de población atenderán y cuántas citas se podrán tramitar. «Es una buena idea, pero todo depende de los detalles», expone Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés). Sin embargo, aclara que al ver las condiciones que se conocieron el miércoles para el funcionamiento de esas oficinas en el país, «los centros en Colombia no harían una gran diferencia».
La internacionalista María Clara Robayo, investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dice que otro de los puntos críticos es cuánto tiempo se demorará EE UU en tomar una decisión frente a quienes pedirán refugio o asilo.
«Una respuesta prolongada solo la podría soportar un migrante venezolano con Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos y que tenga empleo. ¿Qué pasará con los cubanos y haitianos que evidentemente no quieren quedarse en Colombia?», pregunta.
Señala que es necesario precisar si habrá un paquete de alternativas económicas y sociales para las personas mientras se conoce la respuesta. Afirma que esos detalles deben quedar establecidos entre Colombia y Estados Unidos.