Elio Estrada, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), afirmó que los candidatos presidenciales inhabilitados generan inestabilidad política.
Durante un acto con miembros de la Guardia del Pueblo, Estrada ofreció su postura sobre estos candidatos inhabilitados.
Mientras, Estrada afirmó que la inscripción de estos candidatos genera un impacto negativo en el ejercicio del voto. «Estos actos normalizan la violencia política», dijo.
Adicionalmente le dedicó unas palabras a los nuevos guardias civiles. En el acto los aupó a los nuevos integrantes a hacer su papel con responsabilidad.
Los inhabilitados
Las declaraciones de Estrada se dan en el contexto de los candidatos opositores que compiten en la primaria. Tres de los principales aspirantes presidenciales se ecuentran inhabilitadaos. Serían María Corina Machado, de Vente Venezuela; Henrique Capriles, de Primero Justicia; y Freddy Superlano, de Voluntad Popular.
Machado, Capriles y Superlano se encuentran entre los 13 aspirantes opositores que esperan convertirse en el candidato único que representará se enfrentará al chavismo en los comicios electorales del 2024.
La candidatura de Machado en la primaria género un apoyo popular masivo, mientras crecía las especulaciones sobre una supuesta inhabilitación. Para «aclarar» esta situación, el diputado de la AN oficialista, José Brito, solicitó a la Contraloría General de la República información sobre el estatus de la inhabilitación política contra líder opositora.
Una semana después, el 30 de junio, Brito dio a conocer un comunicado de la CGR en el que se ratifica la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, contados a partir del año 2015.
El documento, que tiene a Brito como destinatario, agrega: «Le informo que se continuó con la investigación patrimonial y se encontró que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el numeral 2 del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción».
La institución fiscal considera que Machado cometió acciones que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía de la República.