Expertos sostienen que las movilizaciones continuas en Guatemala son el resultado de la creciente indignación social frente a los recientes resultados electorales y los intentos de alterarlos. El viernes 13 de octubre marcó el duodécimo día consecutivo de protestas y bloqueos en el país centroamericano, en lo que muchos han llamado un «paro nacional» que busca principalmente la renuncia de importantes autoridades del país.
Los manifestantes tienen en la mira a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quien dirige las investigaciones contra el partido Movimiento Semilla, con el cual ganó las elecciones el presidente electo Bernardo Arévalo. También se centran en el juez Fredy Orellana, responsable de un reciente allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral y la suspensión del Movimiento Semilla. Los tres han sido incluidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos por parte de Estados Unidos.
Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera que Guatemala está experimentando «la peor crisis democrática desde 1985 y un atentado prolongado contra la democracia». Según él, las manifestaciones ciudadanas son una respuesta al desacuerdo con las acciones promovidas por el Ministerio Público, que parecen cuestionar la validez de los resultados electorales.
Cristhians Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sostiene que se trata de «una jornada nacional de defensa de la democracia, del Estado de Derecho y del orden constitucional democrático, que se ha puesto en riesgo ante las acciones del Ministerio Público en los últimos allanamientos». Muchos guatemaltecos creen que la fiscalía está tratando de cambiar los resultados de las elecciones, lo cual ha generado indignación en las calles.
El analista destaca que nunca antes, en la era democrática de Guatemala, se había presenciado cómo una institución del Estado utilizaba la fuerza para ingresar al Tribunal Supremo Electoral y confiscar las actas electorales. No se sabe qué tipo de investigación se encuentra detrás de esto, ya que la FECI asegura que está bajo reserva.
Mientras continúan las protestas y los bloqueos, lo cual está afectando el suministro de alimentos y combustible, el actual presidente Alejandro Giammattei y el presidente electo Bernardo Arévalo se han culpado mutuamente por la situación. Giammattei acusa a Arévalo de convocar las manifestaciones y le pide que ordene el levantamiento de los bloqueos. Por su parte, Arévalo afirma que el pueblo está saliendo a las calles para proteger la democracia, no en su nombre o en el del Movimiento Semilla.
Pablo Hurtado lamenta que ambos líderes hayan caído en una confrontación pública, desviándose del tema central de discusión en las calles. Considera que necesitan mostrar un liderazgo conjunto en lugar de buscar la razón uno sobre el otro.
En cuanto a la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, la única forma de destituirla es a través de su propia renuncia. Las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público en 2016 impiden su destitución por parte del presidente de la República, a pesar de que él la nombró. Porras ha explicado que su deber constitucional es investigar todas las denuncias que se presenten, sin importar quién sea la persona involucrada, pero no ha mencionado su postura ante la petición ciudadana de renuncia.
Mientras tanto, la población continúa saliendo a las calles exigiendo su renuncia. Según el secretario ejecutivo de ASIES, la negativa de Porras a dimitir y la determinación de los manifestantes de seguir movilizándose podrían requerir una resolución clara de la Corte de Constitucionalidad, estableciendo que los resultados electorales no pueden modificarse y, por lo tanto, no se puede interferir en la toma de posesión del gobierno electo por mayoría en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto.
Hurtado también advierte que si los ataques a los resultados electorales no se detienen, podría aplicarse la Carta Democrática Interamericana y se podrían imponer sanciones al país, lo que afectaría aún más la economía guatemalteca.