Con ordenes arbitrarias y amenazas, la “súper magistrado 33” del Tribunal Supremo acabó con la autonomía e independencia de los jueces en el país

@DolarToday / Mar 9, 2021 @ 4:35 pm

Con ordenes arbitrarias y amenazas, la “súper magistrado 33” del Tribunal Supremo acabó con la autonomía e independencia de los jueces en el país

l Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Sistema de Justicia y órgano rector del Poder Judicial, en consecuencia es su máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección, gobierno y administración, con la finalidad de asegurar al justiciable la protección y tutela de sus derechos y garantías constitucionales. La misión fundamental del Máximo Tribunal de la República es garantizar el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia eficaz, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de una administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz, integral y accesible al justiciable. El Tribunal Supremo de Justicia en Pleno está constituido por los treinta y dos (32) Magistrados de las seis (6) Salas; pero en la práctica son 33 y a esa magistrado extra es a la que nos vamos a referir en este trabajo periodístico, debido a que en todo el Poder Judicial venezolano se refieren a ella como: “La súper magistrado 33”.

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El artículo 254 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se establece que: “El Poder Judicial es independiente…”, mientras que la Sentencia 1834 de fecha 09/08/2002 dictada por la súper Sala Constitucional, la cual reglamentó la función del Poder Judicial venezolano expresamente asentó: «los jueces gozan de autonomía e independencia al decidir las causas sometidas a su conocimiento, de igual forma disponen de una amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar…”. Tanta fue esa independencia que se le otorgó a los jueces, que seguidamente la Constitucional dejó claro que: “Dentro de este análisis, no puede por vía de amparo revisarse los fundamentos que motivan al Juez a dictar su decisión, a menos que tales criterios contravengan de manera flagrante derechos constitucionales de las partes.»

Este introito era necesario para entrar en materia sobre el tema que vamos a tratar a continuación, donde esa abierta violación a esa “autonomía e independencia otorgada a los jueces para decidir las causas sometidas a su conocimiento”, está siendo “asesinada” por la “súper magistrada 33”, frente a la mirada de asombro de los otros 32 magistrados que integran el Alto Tribunal de la República, varios de los cuales están organizando una “rebelión” interna, mientras que otros confiesan profundos temores de enfrentar a esa súper poderosa señora, cuyo nombre causa terror entre los jueces del país y, muy especialmente entre los que forman parte del Circuito Penal de Caracas, donde -dicen:- “aquí no se mueve una hoja de papel sin que la “súper magistrada 33” lo autorice.”

La “súper magistrada 33” tiene nombre, apellido y cargo dentro de la estructura judicial del país. Ella es: Solchy Delgado Paredes, quién es nada más y nada menos que una de las asistente del Magistrado-Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, quién es además presidente de la Sala de Casación Penal del Alto Juzgado.

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Solchy Delgado Paredes, con el argumento de que “son órdenes del jefe”, se le prohíbe expresamente a todos los jueces penales otorgar ninguna medida cautelar o libertad en si, sin su consentimiento, es decir, todas las decisiones que deben tomar los jueces tienen obligatoriamente que ser consultadas con ella, antes de tomarla. Igual ocurre con las audiencias de presentación, preliminar o juicio, donde a todos deben aplicárseles la “Ley Solchi”, es decir que todos quedan privados, hasta que la “súper magistrada 33” revise la medida. ¡Algo nunca visto en la jurisdicción penal!

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Algunos magistrados de la Sala Penal nos dijeron que la señora Solchy Delgado Paredes ha armado un equipo especialísimo, con el único propósito de “bajar de la mula”, en dólares o en oro, a todos los justiciables que con méritos o sin ellos y además con recursos económicos, aspiran salir en libertad. Es decir, que todo el que requiera una medida provisional de libertad, tiene que buscar divisas americanas o unos buenos gramos de oro, para pagar la decisión favorable.

Sin lugar a dudas que la Delgado Paredes detenta el control absoluto de las decisiones de los jueces, no solo de Caracas, sino que utilizando el nombre de su jefe inmediato, ha comenzado a extender esta práctica perversa a muchas regiones del país y, ya ha comenzado a invadir otras jurisdicciones, como la civil, mercantil, menores, agrarios, etc., donde ha descubierto otra mina.

En ese mercado persa donde se compra y se vende “justicia”, creado por la señora Solchi Delgado, es común el cobro de altas sumas de dólares y oro.

Hoy esa realidad sumamente conocida en todo el país. Reciente está lo ocurrido con un caso en el estado Anzoátegui, donde se le cobró a un justiciable un millón de dólares en oro, por una decisión favorable. Ella también tiene un gran negocio con las denominadas operaciones cayapas, donde los cobros son entre 100 mil y 500 mil dólares, según el caso y las causas. Se sabe que por esa vía a varios narcotraficantes le han dictado sentencia de solo tres años, lo que los pone en la calle de inmediato.

 

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