Crímenes de lesa humanidad no se tapan con incursión militar en Tocorón sin captura de pranes

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Según la presidenta de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, en Venezuela continúan ocurriendo crímenes de lesa humanidad. En su último informe, publicado la semana pasada, Marta Valiñas y su equipo revelaron que la situación en el país se está deteriorando. Durante el período que abarca desde 2020 hasta agosto de 2023, se registraron 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y tratos inhumanos, 19 casos de violencia sexual y de género, y 5 privaciones de vida. Las víctimas de estas violaciones graves de los derechos humanos son miembros de la sociedad civil, líderes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos.

El informe destaca los métodos selectivos y represivos utilizados contra los opositores. Además, señala la falta de independencia en las decisiones judiciales y la actuación del defensor del pueblo y del CNE, lo que indica una política sistemática del Estado en contra de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Ante esta situación, insto a la presidenta de la misión a presentar este informe actualizado ante la CPI, que es nuestra única esperanza. Todos sabemos que el sistema de justicia penal nacional no investigará ni procesará a los responsables del letal Plan Zamora que actuó contra los manifestantes en 2017, ni a su cadena de mando.

Poderopedia Venezuela on Twitter: "Encuentra en #PoderopediaVe el perfil de Marta  Valiñas, presidenta de la Comisión de investigación del Consejo de Derechos  Humanos de las Naciones Unidas para la determinación de los

Las recientes acciones en Tocorón, presentadas como un operativo exitoso para el general Ceballos, no tienen ningún valor. Aparentemente, recuperaron la cárcel, pero el pran del Tren de Aragua, conocido como el Niño Guerrero, logró escapar con alrededor de 500 reclusos antes de la llegada de los militares.

El Estado hizo la vista gorda ante lo que ocurría allí, una ciudad entera que se construyó a la vista de todos, con viviendas, un campo de béisbol, una discoteca, piscinas e incluso un túnel que conducía al lago de Valencia, además del armamento que tenían a su disposición.

Las autoridades, más que nadie, deben ser conscientes de que su inacción las convierte en cómplices. Al menos, las instituciones internacionales han permitido que esta realidad salga a la luz y los venezolanos solo piden justicia ante esta situación.