De acuerdos, desacuerdos y contradicciones en Argyle

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Después de la celebración del referéndum el 3 de diciembre y las acciones tomadas por Venezuela con respecto a la creación del estado de Guayana Esequiba y la protesta de Guyana por la amenaza a su integridad territorial, el presidente de Brasil convocó a una reunión entre la Celac y el Caricom para abordar la tensa situación que ponía en peligro la paz y la seguridad regional. El encuentro tuvo lugar el 14 de diciembre en Argyle, San Vicente y las Granadinas.

En la reunión, en la que participaron 34 países de la región, se presentaron dos posiciones opuestas. El presidente de Guyana insistió en que el objetivo del encuentro era abordar las amenazas a la integridad territorial de su país y a la paz y seguridad regional, pero no la controversia sobre el Esequibo, que está siendo tratada por la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, Nicolás Maduro consideraba que el encuentro era una oportunidad para buscar el diálogo y las negociaciones directas para resolver la controversia, ya que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya.

Estas posturas se reflejaron en la «Declaración conjunta por el diálogo y la paz» entre los dos países, en la que se tomó nota de las posiciones divergentes sobre la controversia y el proceso ante la Corte. Guyana reafirmó su compromiso con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, mientras que Venezuela rechazó su jurisdicción en la controversia.

A pesar de las declaraciones optimistas de Maduro al regresar a Caracas, la reunión solo logró distender las relaciones y evitar que las partes tomaran acciones que pusieran en peligro la paz regional. No se encontró una solución para la controversia, que continuará siendo examinada por la Corte de La Haya, con o sin la presencia de Venezuela, que sigue argumentando que el tribunal no tiene competencia para conocer la controversia planteada por Guyana en 2018 sobre la validez del laudo arbitral de 1899.

La Declaración de Argyle enfatiza la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir a la fuerza para resolver sus controversias y la necesidad de actuar de acuerdo con el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra de 1966, que remite al arreglo judicial de la controversia territorial sobre el Esequibo.

Los dos presidentes acordaron crear una Comisión Conjunta de Cancilleres que informará periódicamente sobre la implementación de los compromisos asumidos en la Declaración en términos de relaciones pacíficas y buena vecindad, pero no para abordar la controversia que sigue su curso en la Corte.

Las declaraciones de Maduro al respecto son difíciles de entender. Su interpretación de los resultados de la reunión difiere completamente de la del presidente de Guyana y del espíritu de la Declaración misma. En lugar de celebrar el éxito de la diplomacia de paz que tanto menciona, el gobierno venezolano debería haber rechazado las declaraciones del presidente Irfaan Ali, quien afirmó que Guyana tiene soberanía sobre el Esequibo y el derecho de tomar decisiones sobre el territorio en disputa. Esta afirmación contradice el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia, que reconoce que Guyana solo tiene control y administración del territorio.