De la conspiración a la sentencia

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La semana que acaba de terminar movió con intensidad a la cúpula roja. Desde su comienzo hasta apenas ayer, sus voceros sólo actuaron para criminalizar a la oposición democrática y para pretender ejecutar políticamente a la líder y candidata de la Unidad Democrática, la ingeniero María Corina Machado.

Por César Pérez Vivas

La trama de una supuesta conspiración para derrocar y asesinar al Sr. Maduro fue el tema central de los principales voceros del poder del Estado socialista. La narrativa de la presunta conspiración, de entrada lo coloca a uno en estado de duda, más allá de que algún personaje pueda estar pastoreando nubes con la peregrina tesis de que es posible, en estos tiempos, derribar con una escaramuza fronteriza a un gobierno militarista y violento como el que tenemos los venezolanos.

Siempre aparecen en la historia de los países, personas capaces de lanzar aventuras y hasta acciones violentas. Nuestra historia está llena de esos episodios. Recordemos que toda esta camarilla instalada en el poder surge a la vida pública, precisamente, por una irresponsable aventura golpista lanzada el 4 de febrero de 1992. De modo que no me extrañaría que aún haya personas con la peregrina idea de que pueden repetir ese tipo de aventuras. Pero de la existencia de personajes aventureros a armar una historieta de golpe de estado y magnicidio para criminalizar y hostigar a periodistas, dirigentes políticos y terminar inculpando a la candidata de la unidad democrática, hay un largo trecho.

Nadie en su sano juicio le da crédito a esa historia. Los hechos están evidenciando la repetición de un libreto ya aplicado en otros momentos,  para reforzar la decisión de esa cúpula, de impedir por capricho y odio, el legítimo derecho de María Corina a representar a nuestra sociedad democrática en la elección presidencial pautada para este año 2024.

A eso conduce la presentación de testimonios con ciudadanos detenidos y colocados a grabar frente a una cámara su versión de los supuestos actos conspirativos.  ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en esos testimonios?  Conociendo como conocemos el modus operandi de la camarilla en el poder, para nada nos puede extrañar que esos videos hayan sido grabados bajo presión, extorsión o halago, como también bajo los efectos de una tortura o de una sustancia.

Lo cierto es que toda la criminalización derivada de esta historia debería ser objeto de una investigación independiente para determinar lo cierto y los falso de la misma. Esto porque en el mundo de la oposición política sólo tenemos interés en apelar a la vía electoral para acceder al poder. Nosotros queremos ejercer nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Para nada queremos violencia y atropellos. Soy de los dirigentes democráticos que hemos rechazado sistemáticamente el uso de las armas para acceder al poder. Somos de una escuela forjada a la luz de los valores democráticos de la libre elección y de la alternancia en el gobierno. Quienes están hoy en la cumbre del poder son, por el contrario, permanentes apologistas del golpismo, solo que los golpes buenos son los que sus afines políticos e ideológicos han adelantado. Esos golpes los califican de “rebeliones cívico militares”. Ya los  veremos, en apenas unos días, haciendo apología del “golpe bueno” del 4F, a la vez que se rasgan las vestiduras denunciando el desconocimiento de “los acuerdos de Barbados” por parte de la oposición. Es decir, si alguien pretendió hacerlo, ellos meten en el mismo lote a todos los sectores de la sociedad democrática.

Por lo visto, toda esa forma manipulada de presentar la supuesta conspiración de moda, solo tiene como fin justificar la verdadera conspiración, el verdadero golpe de estado, que no es otro que el propinado al orden jurídico y constitucional con la aberrante sentencia de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia desestimando y declarando sin lugar, el recurso de vías de hecho, con medida cautelar, presentado por la líder y candidata de la Unidad Democrática, Ing. María Corina Machado.

La sentencia mediante la cual se ratifica la inhabilitación exprés aplicada por la cúpula roja pasará a la histórica del derecho contemporáneo como el más elevado monumento a la arbitrariedad, a la irracionalidad jurídica y política, y la expresión más acabada de la obscenidad hecha sentencia.

Jamás pensé en mi vida de abogado, estudioso del derecho administrativo, encontrar un acto jurídico, tan alejado de la más elemental lógica y plagado de tan grotescos conceptos. Imponer la inconstitucional inhabilitación administrativa, establecida en la Ley Orgánica de Contraloría, a un ciudadano que no ejercía funciones públicas ya de por sí es un contrasentido; porque es imposible que haya podido enmarcar su conducta en ninguno de los supuestos de hecho establecidos en dicha ley para declarar la responsabilidad administrativa, paso previo a la fijación de la sanción de inhabilitación que dicha ley prevé. Esa delicada situación coloca a los jueces firmantes de la sentencia en cuestión en un grave e inexcusable error jurídico, causante de graves responsabilidades que en algún momento tendrán la obligación de explicar y de encarar. Es más, todo hace presumir que el expediente administrativo presentado por la Contraloría al TSJ, no resiste el más elemental examen de solvencia técnica para sostener una decisión de esta magnitud. Definitivamente esa sentencia nada tiene de jurídica, y mucho si de acto arbitrario, contrario a la ética y a los valores del estado de derecho.

La cúpula roja se dejó ver las costuras en esta semana tormentosa. Mostró su rostro arbitrario, su capacidad para mentir y manipular, pero también su inmenso temor al veredicto ciudadano. Nada de eso les va a permitir huir de ese veredicto. En el momento que los venezolanos puedan medianamente expresarse, por medio del voto, recibirán la contundente sentencia ciudadana: la expulsión del poder.

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