Estados Unidos expresó el miércoles su preocupación por el anuncio del calendario electoral en Venezuela. La administración de Joe Biden reafirmó su compromiso con elecciones competitivas e inclusivas.
Un portavoz del Departamento de Estado señaló a Efe que están preocupados por el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sobre las elecciones de este año. Según ellos, este anuncio llega en medio de una represión contra la oposición democrática y la prohibición de que quince candidatos compitan.
Las elecciones presidenciales en Venezuela se llevarán a cabo el 28 de julio. El cronograma establece que las presentaciones de los candidatos serán del 21 al 25 de marzo, y la campaña electoral se desarrollará del 4 al 25 de julio, con una duración de 21 días.
Estados Unidos reitera su compromiso con el diálogo constructivo y unas elecciones competitivas e inclusivas, y hace un llamamiento al presidente Nicolás Maduro y sus representantes para que cumplan los compromisos del acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados.
El portavoz recordó que el acuerdo alcanzado el año pasado entre el gobierno y la principal coalición opositora incluye la invitación inmediata a observadores electorales de la Unión Europea y otros países, permitir que todos los candidatos se presenten y actualizar exhaustivamente el registro electoral. También se pide la liberación de más presos políticos y la libertad de movimiento para todos los candidatos durante la campaña.
María Corina Machado, elegida candidata presidencial por la mayoría opositora, continúa inhabilitada para desempeñar cargos de elección popular y no podrá inscribirse dentro del período establecido por el CNE.
En Washington, se concluyó que se seguirá de cerca la situación y se continuará trabajando para apoyar la aspiración de los venezolanos a una Venezuela más democrática y estable, en estrecha consulta con la oposición democrática.
En relación a Venezuela, el martes Biden extendió por un año la declaración de «emergencia nacional» con respecto a Venezuela, dictada en 2015, considerando que la situación en ese país representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Venezuela respondió a esta decisión asegurando que el país es un «rehén» de sus propias políticas de agresión, que consisten en la imposición de sanciones y bloqueos, y con el que no tiene relaciones diplomáticas desde 2019.