El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente un acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro para deportar a los venezolanos de regreso a su país. Esta sorprendente medida ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la incoherencia de la política migratoria de Estados Unidos.
La decisión de deportar a los venezolanos se debe al recrudecimiento de la crisis fronteriza, que ha llevado a un aumento dramático en el número de detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en septiembre se detuvieron cerca de 50.000 migrantes venezolanos, una cifra considerablemente superior a los 20.000 de agosto.
Esta crisis representa un desafío político para el presidente Biden, quien se enfrenta a críticas tanto de los republicanos como de los demócratas. Los republicanos utilizan los problemas fronterizos para minar la popularidad del presidente, mientras que los demócratas, como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, critican la política migratoria de Biden debido al colapso del sistema de albergues en su ciudad.
La política de Biden hacia la migración venezolana ha sido mixta. Por un lado, ha tratado de ampliar las oportunidades para que los venezolanos ingresen de manera legal, permitiendo la entrada legal de 130.000 venezolanos el año pasado y designando a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal. Por otro lado, Biden decidió hace un año que deportaría a México a todos los venezolanos que cruzaran la frontera sin permiso, utilizando el Título 42.
Ahora, ante el recrudecimiento de la crisis fronteriza, Biden ha tomado la decisión de deportar a los venezolanos de regreso a su país, una medida cruel e incoherente. Esta decisión va en contra de la designación de Venezuela para el TPS y envía un mensaje confuso a los migrantes.
Sin embargo, es poco probable que esta medida sea efectiva para frenar el flujo migratorio. Hasta ahora, ninguna advertencia ha funcionado y la señal contradictoria de amenazar a los venezolanos si cruzan la frontera, pero al mismo tiempo darles incentivos para hacerlo, no parece tener un impacto significativo.
Además de las deportaciones, preocupa si este acuerdo entre Biden y Maduro marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral. ¿Significa esto que la Casa Blanca pondrá menos énfasis en presionar a la dictadura de Maduro para que respete los derechos humanos y abra espacios para elecciones libres y competitivas?
Esperemos que no sea así y que el gobierno de Estados Unidos mantenga su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.