En los últimos veinticinco años, Venezuela ha sido escenario de sorpresas desconcertantes. La más reciente tuvo lugar en Barbados, donde el Gobierno se reunió con la oposición en presencia del Reino de Noruega y representantes de otros países para firmar un pacto que, en realidad, reafirma los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Estos principios se refieren al compromiso del Estado de respetar los derechos democráticos de las organizaciones y líderes políticos, así como de garantizar el derecho de los venezolanos a participar en los procesos electorales sin coacciones ni restricciones, fundamentales para la conformación de los poderes públicos en una democracia republicana.
En Barbados, la oposición se vio obligada a suscribir un acuerdo que enfatiza lo obvio, algo que nunca debería haber sido cuestionado. Pero así son las cosas con aquellos que han gobernado el país desde 1999. No se puede esperar mucho de un régimen que pretende convocar un referéndum para preguntar a la gente si el territorio en disputa con Guyana pertenece a Venezuela o no.
Lo más destacado de este acuerdo es el reconocimiento que el régimen de Nicolás Maduro y otros jerarcas le dan a la oposición agrupada en torno a la Plataforma Unitaria. Las demás «oposiciones», como les gusta decir a Maduro y su entorno, quedan relegadas y no cuentan con el respaldo real del gobierno ni de los actores internacionales que respaldaron el Memorando de Entendimiento firmado en México hace tiempo. Este reconocimiento clarifica el panorama dentro del campo opositor al precisar los dos interlocutores claramente definidos: el gobierno por un lado, y la Plataforma Unitaria por el otro.
Es evidente que, a pesar de que Maduro y su gobierno parecen haberse acostumbrado a sobrevivir con las sanciones internacionales, estas ejercen un gran peso, generan preocupaciones y provocan déficits que no pueden ser cubiertos por la ayuda económica de China e Irán. Nicolás Maduro necesita asegurarse una fuente segura y estable de recursos para tener mayor autonomía financiera. Necesita mostrar resultados concretos para la próxima campaña electoral, y esto solo será posible si tiene más dinero proveniente de la industria petrolera y del gas, ambos ligados a los deseos de Estados Unidos. Aquí se produce una sólida convergencia de intereses: la Casa Blanca necesita el petróleo venezolano y quiere acercar al régimen de Maduro a su lado del mundo, alejándolo de la influencia de China, Rusia e Irán; y Miraflores necesita que la industria petrolera se recupere para que los petrodólares vuelvan a fluir en grandes cantidades, especialmente durante la próxima campaña electoral.
El acuerdo también preserva las primarias como método de selección del candidato unitario. Se disiparon las dudas y sospechas de que el régimen podría anularlas presentando un recurso de última hora ante el Tribunal Supremo.
Todos estos elementos son avances positivos en el acercamiento entre la oposición y el gobierno, que parecía haberse estancado y desvanecido para siempre. Sin embargo, también hay otros aspectos que quedaron por resolver y solo el tiempo dirá si se podrán alcanzar. El más importante es la inhabilitación de María Corina, la única candidata inhabilitada que se postula en las primarias y que, según todas las encuestas, sería la ganadora de esa consulta. María Corina es como una especie de kryptonita para el régimen. No quieren acercarse a ella, ya que la líder de Vente Venezuela ha logrado captar y potenciar el descontento popular como ninguna otra figura política nacional. Es la dirigente más apreciada y respetada por los venezolanos. En una competencia libre y equilibrada, tal como indica el acuerdo parcial, ella ganaría a Maduro. Por eso no sorprende que este tema no se haya incluido en el documento final. Después de las primarias, vendrá una dura batalla para hacer valer su legitimidad como aspirante a la Presidencia frente a los organismos del Estado madurista. Será otro ciclo de exigencias, negociaciones y conquistas.
También queda pendiente el delicado tema de los presos políticos y los derechos humanos, un área en la que el régimen ha recibido duras críticas tanto en las Naciones Unidas como en la Corte Interamericana. Este será uno de los capítulos que deberá abordarse en las próximas rondas de negociaciones.
El acuerdo parcial puede considerarse incompleto, pero, hasta nuevo aviso, debe ser apoyado en su totalidad. Gerardo Blyde y su equipo se han ganado ese respaldo. Veremos qué sucede en las primarias el próximo domingo. Los invito a votar.