Resulta inadmisible la actitud negligente que muestra el Estado ante la crisis de los servicios de salud que aqueja al país. Un reciente ejemplo de ello tuvo lugar en el Hospital Ranuarez Balza de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, donde un grupo de mujeres solidarias se vio obligado a atender un parto en plena acera debido a la falta de ascensores, salas de parto adecuadas y suministros necesarios. Como resultado, uno de los bebés nació en plena calle mientras que el otro tuvo lugar en las escaleras del hospital.
Esta lamentable situación se repite en muchos hospitales, sin que exista una razón válida para que estos niños nazcan en la calle debido a la negligencia del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, institución cuya responsabilidad es velar por los derechos humanos en el país.
Los pacientes crónicos tampoco escapan de esta realidad y también son víctimas de la inhumana situación generada por el Estado. Aquellos que padecen de cáncer no tienen acceso a quimioterapia, los pacientes renales no pueden cumplir con los protocolos de diálisis tres veces por semana debido a la falta de mantenimiento y filtros en la mayoría de las máquinas dializadoras, y el programa de trasplantes de órganos se encuentra completamente paralizado, lo cual afecta la vida de miles de pacientes, especialmente los niños que se encuentran en el Hospital J. M. de los Ríos. Además, las intervenciones quirúrgicas muchas veces dependen de que los familiares de aquellos que han esperado durante años por un órgano sean capaces de proveer todos los equipos e insumos necesarios para llevar a cabo la cirugía.
Es mi deber exigir un mínimo de humanidad al Estado y, en particular, al Ministerio de Salud, a fin de que se salvaguarden vidas. Actualmente, aquellos que no posean un seguro en dólares en Venezuela se encuentran en peligro de muerte.